El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de “Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano” con el objetivo de garantizar el pleno dominio del Estado sobre dicho espacio a fin de inhibir las operaciones áreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
En el último día de sesiones del periodo ordinario del órgano legislativo, el titular del Ejecutivo envió su propuesta que, en su fundamentación, alerta sobre los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.
Dicha instancia estaría integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, el Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación Aéreas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Gobernación.
Adicionalmente este sistema será regido por el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, que será responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para garantizar la “Protección del Espacio Aéreo Mexicano”.
El consejo será presidido por el Presidente de la República e integrado por los secretarios de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otros.
La nueva ley define asimismo el proceso de interceptación aérea, en caso de que se detecte un vuelo no autorizado o clandestino, hasta que abandone el espacio aéreo mexicano o aterrice en territorio nacional.
La iniciativa señala que actualmente están bajo observación 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas por anomalías de funcionamiento u operación, como vuelos clandestinos, falta de mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear.
Respecto al impacto presupuestal que implicará la entrada en marcha de la legislación, en su artículo tercero transitorio señala que las erogaciones que se generen con la entrada en vigor del decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables en el ejercicio fiscal que corresponde por lo que no se les incrementará su presupuesto y no se autorizarán recursos adicionales.
