El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal decidió cerrar la investigación de la Casa Blanca, un escándalo que involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a la empresa Higa, reportó el diario La Jornada.
El Tribunal con sede en la Ciudad de México impuso sanciones a tres ex funcionarios señalados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos. La pena impuesta por la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola fue realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
La impartidora de justicia decidió otorgar este mecanismo alterno de solución y la suspensión condicional del proceso penal a pesar de los reclamos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados.
Ambas dependencias consideraban que el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional.
La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021, y el pasado jueves 26 de mayo un juez de control con sede en el Reclusorio Norte cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Odriozola, reportó La Jornada.
En diciembre de 2018, la SFP buscó acreditar la corrupción del sexenio de Peña Nieto y solicitó el expediente del escándalo conocido como la Casa Blanca, ya que la dependencia exoneró administrativamente al ex mandatario y a su esposa, pero la SFP no había presentado la correspondiente denuncia penal.
En las audiencias iniciales de la causa penal 56/2021, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (Femcc) detectó que el expediente original había desaparecido y en su lugar había una versión pública de la resolución, sin anexos, ni los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca, ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto.
