El crimen organizado está presente en Jalisco y no sólo en el territorio, también al interior de las instituciones, tal como lo reconoció el gobernador Enrique Alfaro el 7 de junio de este año; sin embargo, no han fincado responsabilidad a ningún funcionario de ningún nivel, ni se ha dado de baja a elementos y tampoco se ha informado de acciones para “limpiar” las corporaciones.
Desde que se hicieron públicos documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo Guacamaya, señalaron a Hugo Luna, jefe del gabinete y uno de los más cercanos a Alfaro, quien presuntamente sería el encargado de reunirse con grupos del crimen organizado, según lo revelado.
“Hay municipios en los que hay una presencia de los grupos de la delincuencia que significa un riesgo y lo más importante es que quienes estamos en la cancha política entendamos que no se puede platicar con delincuentes, porque cuando se cruza esa raya hay poco que hacer”, declaró Enrique Alfaro apenas el 24 de noviembre.
La administración alfarista ha sido omisa en la garantía del derecho a la seguridad pública, pero también en los derechos político electorales y hay municipios en donde el crimen organizado ha extendido su brazo como en Jilotlán de los Dolores, en donde no ha sido posible reponer el pasado proceso y se gobierna con un concejo municipal. Ahora, para los comicios de 2024, el mandatario jalisciense dice que sí hay riesgo de intromisión del crimen organizado.
“La preocupación de la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales después de lo que vivimos en 2021 es evidente y será un tema en el que habrá que trabajar para garantizar que los procesos puedan desarrollarse sin la injerencia de estos grupos", reconoció
