Después de que un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur canceló el proceso penal en contra de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que interpondrá una queja administrativa y procederá penalmente contra el juez, además de apelar el fallo.
“Respecto a la resolución de un Juez federal sobre el proceso de Rosario “R”, esta Fiscalía interpondrá una queja, y procederá penalmente como corresponda”, señaló en sus redes sociales la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero.
En comunicado, el organismo señaló que con el fallo del juez se está actuando en contra de la ley, por lo que enfatizó que no sólo que interpondrá una queja administrativa, sino que se iniciará un procedimiento penal.
“Independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental”, señaló la FGR.
Explicó que cuando hay una conducta prevista en dos leyes, cada una de ellas se aplica independientemente de la otra, pues así lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que señala que las sanciones establecidas en esta ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales.
Con la decisión de hoy del juez Roberto Omar Paredes se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares como la prisión preventiva domiciliaria de Rosario Robles, acusada por el desvío de recursos públicos en el caso que se denominó “La Estafa Maestra”.
Con su fallo, decretó el sobreseimiento total de la causa penal número 314/2019, a la cual estaba vinculada la exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, ambos cargos ejercidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Hoy se demuestra, después de más de tres años que tenía la razón, que soy inocente. Siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia y ahora me toca seguir luchando”, expresó Robles a medios de comunicación a la salida de su audiencia en el Reclusorio Sur.
Desde 2019, Robles, quien fue recluida hasta agosto de 2022 en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, enfrenta acusaciones por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.
Ahora, con esta decisión, Robles enfrentará un juicio administrativo en el que podrá ofrecer la reparación del daño patrimonial del que se le acusa; aunque sobre esta acción la exfuncionaria señaló que evaluará sus opciones con sus abogados.
A su última audiencia por delitos penales, Robles acudió con su hija Mariana Moguel, de quien salió de la mano en todo momento y rodeada por su equipo jurídico, encabezado por el abogado Julio Hernández, quien se dijo “contento” con la más reciente sentencia a su favor.
