Luego que esta semana se conociera el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir las obras cumbre de su gobierno en obras de seguridad nacional, se retomó el tema del Aeropuerto de Tulum, uno de los proyectos predilectos de la actual administración.
Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó avances en la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, que ayudará a ser una alternativa para mejorar el transporte de pasajeros en la península de Yucatán con la incorporación del Tren Maya en la región.
De acuerdo con el presidente López Obrador, el Aeropuerto de Tulum entrará en operaciones a partir diciembre de este año, con la capacidad para atender a alrededor de 5.5 millones de pasajeros anualmente, 75% de los cuales serán de procedencia extranjera. con una primera fase que tendrá hasta 32 mil operaciones aéreas anuales.
El complejo se construye en una superficie de mil 500 hectáreas, con una pista de aterrizaje de 3 mil 700 metros de longitud, con sistema de aterrizaje por instrumentos categoría uno y ayudas a la navegación de alta tecnología.
“Este proyecto va a satisfacer la creciente demanda de pasajeros que visitan este destino turístico en el sur de la Riviera Maya. Su infraestructura y potencial operacional lo clasifican dentro de los aeropuertos con una categoría 4 ECO, esto es decir que pueden operar todas las aeronaves que llegan y salen de nuestro país en este aeropuerto”, señaló Gustavo Vallejo, ingeniero residente de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena.
¿Qué hace que una obra sea de seguridad nacional?
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional que fue publicada el 31 de enero de 2005, para que un proyecto u obra sea considerado como de seguridad nacional debe de cumplir con algunos puntos:
I. La protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrente México.
II. La preservación de la soberanía, independencia y defensa nacionales.
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
IV. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados.
V. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
