El Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza ha concluido que con la construcción del Tren Maya, la emblemática obra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México ha cometido ecocidio y etnocidio al violar los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sur del país.
El Tribunal, compuesto por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, ha determinado que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra, impidiéndole ser respetada, regenerar su biocapacidad y mantener sus ciclos vitales sin alteraciones humanas. Asimismo, se ha violado el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral, y a vivir libre de contaminación y desechos tóxicos, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El proyecto del Tren Maya, que será inaugurado en diciembre, ha sido objeto de controversia debido a las denuncias de destrucción de la biodiversidad en el sur de México, una región rica en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, así como en patrimonio cultural.
Entre las principales afectaciones señaladas en el veredicto se encuentran la contaminación de acuíferos, la deforestación con la tala de hasta 10 millones de árboles, la extinción de flora y fauna, y la destrucción de cenotes.
Además, el Tribunal denuncia la falta de consulta a las comunidades originarias cuyos territorios atraviesa el Tren Maya y la militarización de la región para supervisar el proyecto.
En respuesta a esta determinación, el Tribunal solicita al Gobierno mexicano una auditoría independiente en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También se pide la reparación y restauración de los ecosistemas afectados, y la suspensión de la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto será entregado a Andrés Manuel López Obrador y a diversas instituciones gubernamentales, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
