En una decisión clave, la mayoría de cinco magistrados del Tribunal Electoral ha rechazado de manera contundente el proyecto que proponía que los aspirantes de partidos opositores a la candidatura presidencial debían presentar renuncias a sus cargos públicos. La propuesta, liderada por la magistrada Janine Otálora, buscaba mantener un nivel de equidad en la contienda y prevenir el uso indebido de recursos públicos en medio de los procesos internos de selección de candidatos.

El argumento principal que prevaleció entre los magistrados fue el hecho de que en la actualidad no existe un proceso formal de precampañas, lo que implica que la legislación vigente no establece requisitos específicos para las actividades políticas que actualmente se están llevando a cabo por parte de los aspirantes. Esto dejó sin sustento la propuesta de Otálora, que habría afectado particularmente a figuras como Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Miguel Ángel Mancera y Beatriz Paredes, quienes se encuentran en procesos de definición de candidaturas en los partidos opositores.

En su defensa de la decisión, Mónica Soto subrayó que no existe ninguna normativa legal que imponga la obligación de renunciar en este momento. Argumentó que implementar esta medida sería excesivo y desproporcionado en el contexto actual de los procesos internos de los partidos. Esta perspectiva fue respaldada por José Luis Vargas, quien afirmó que la propuesta no cumplía con criterios constitucionales y carecía de proporcionalidad en relación con sus objetivos.

Indalfer Infante, por su parte, abogó por un enfoque más individualizado. Propuso que se analizara cada caso de manera detenida y se aplicaran sanciones a aquellos aspirantes que incurrieran en irregularidades durante el proceso. En este sentido, destacó que imponer la renuncia a todos los participantes sería como asumir que han violado alguna norma, lo cual no se ajusta a la realidad según su punto de vista.

La discusión también llegó al ámbito de los derechos humanos, como señaló Felipe de la Mata. Argumentó que al ser los procesos internos de los partidos, no sería adecuado aplicar reglas de campaña o precampaña de manera indiscriminada. Consideró que imponer la renuncia como requisito sería una restricción injusta a los derechos de los participantes y no garantizaría una equidad real en el proceso interno de selección de candidatos.

Esta decisión del Tribunal Electoral marca un punto de inflexión en la dinámica de las elecciones venideras, al establecer claros límites en cuanto a las medidas que se pueden tomar para regular la participación de los aspirantes opositores en los procesos internos de los partidos políticos. Las posturas expresadas por los magistrados resaltan la importancia de equilibrar la equidad con la flexibilidad en el contexto político actual.