La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) ha obtenido un amparo por parte de una juez federal, que exige a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) la presentación de una estrategia conjunta. Esta estrategia, a elaborar junto con las autoridades estatales y municipales, está destinada a implementar los programas y planes de estudio para los libros de texto del próximo ciclo escolar 2023-2024.
La juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, ha determinado en su fallo que es crucial que los programas y planes de estudio sean compartidos para que se pueda evaluar su contenido. Estos contenidos deben ser adaptados a las necesidades específicas de cada entidad educativa, y las autoridades federales deberán ajustar el presupuesto en consecuencia para lograr este objetivo.
El resolutivo establece:
“En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2023-2024; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa. Para lograr lo anterior, en cumplimiento al principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el numeral 1º constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia”
La juez subraya que la titular de la SEP, Leticia Ramírez Anaya, el subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos de la SEP, y la titular de la Conaliteg son las figuras responsables de cumplir con el mandato del amparo.
El 26 de mayo pasado, la UNPF recibió una suspensión definitiva otorgada por la juez, que impedía a la SEP imprimir los libros de texto hasta verificar su conformidad con los planes y programas de estudio que garantizan una educación de alta calidad, exenta de inclinaciones políticas.
Recién el 14 de agosto, las autoridades educativas publicaron en el Diario Oficial de la Federación los planes de estudio para niveles preescolar, primaria y secundaria, marcando así el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos por la juez.
