En un fallo que busca salvaguardar la verdad y la transparencia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un tribunal federal ha dictaminado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe abstenerse de tomar acciones como destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier documento vinculado a la desaparición y asesinato de los estudiantes.
El Vigesimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México ha otorgado una suspensión provisional de amparo a los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos. Esta decisión tiene como objetivo principal garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, así como asegurar que la sociedad esté informada de situaciones que involucran posibles violaciones a los derechos fundamentales.
Los magistrados han enfatizado la importancia de esta medida preventiva para evitar daños irreparables a los familiares de los estudiantes. En su fallo, han resaltado que los actos en cuestión forman parte de un proceso que busca desentrañar la verdad histórica acerca de eventos que podrían estar relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales.
El tribunal ha reconocido que no solo los familiares directamente afectados tienen un interés legítimo en conocer las circunstancias que rodean este caso, sino también la sociedad en su conjunto. Consideran que la divulgación de información precisa es esencial para prevenir y abordar situaciones en las que los derechos fundamentales de las personas puedan estar en riesgo.
La resolución llega casi nueve años después de la trágica desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero. Veinte padres y madres de los normalistas interpusieron un amparo que fue rechazado inicialmente por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, bajo la jurisdicción de la juez Sandra de Jesús Zúñiga.
En respuesta a la queja presentada por los familiares, el Vigesimotercer Tribunal Colegiado ha emitido la orden de suspensión provisional, marcando así un paso importante hacia la preservación de la verdad y el acceso a la información en este caso emblemático que ha capturado la atención de la nación.
De acuerdo con los padres y madres de los normalistas, existe pleno conocimiento de que el Ejército ha ocultado información sobre el caso.
Refirieron que ello se sabe gracias al sexto y último informe del GIEI en el que se evidencia la opacidad de las Fuerzas Armadas para abrir los archivos que lleven a la localización de los jóvenes normalistas.
Acusaron a los altos mandos del Ejército mexicano, incluido el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval y el jefe del Estado Mayor de la Sedena, del ocultamiento de información.
