Un juez federal aplazó la audiencia intermedia prevista para el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hasta el 24 de enero de 2024.
Este proceso está relacionado con las acusaciones de Murillo Karam de crear la controvertida "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa.
Originalmente, en esta diligencia se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara acusaciones formales contra Murillo Karam por delitos graves, que incluyen desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. La FGR había solicitado una condena de 82 años de prisión para el exfuncionario.
La audiencia también debía servir para debatir las pruebas presentadas por ambas partes, con el objetivo de que el juez determinara cuáles serían pertinentes e idóneas para demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado.
Sin embargo, se ha confirmado que la defensa de Murillo Karam ha solicitado el aplazamiento de la audiencia programada para este lunes debido a diversos amparos pendientes presentados por el exprocurador. Estos amparos deben resolverse antes de proceder a la etapa de juicio que sigue a la audiencia intermedia.
Uno de los amparos, emitido por el juez Segundo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Antonio González García, ordena la suspensión indefinida del proceso contra Murillo Karam hasta que se determine si se le permitirá presentar 15 pruebas documentales en su defensa.
Para obtener estos documentos, Murillo Karam ha solicitado al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia que autorice el acceso de su defensa a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en 2014 por la extinta PGR contra los miembros de Guerreros Unidos, el grupo señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas.
La FGR, en su acusación presentada en junio pasado, ha anunciado contar con un total de 69 testimonios, 69 pruebas documentales y 43 pruebas periciales que respaldan sus argumentos contra Murillo Karam.
En este caso, la FGR ha imputado al exprocurador la creación de la "verdad histórica" mediante la manipulación de pruebas y la desviación de líneas de investigación, lo que, según los fiscales, contribuyó a la persistencia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
