En la conferencia mañanera celebrada en Oaxaca este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento hacia la decisión de devolver una casa valuada en 38 millones de pesos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Responsabilizó al Poder Judicial por esta controvertida decisión y reafirmó su intención de impulsar una reforma que permita que los jueces sean elegidos por voto popular.
López Obrador fue claro en deslindar a su gobierno y a la Fiscalía General de la República (FGR) de esta decisión, señalando que fue tomada por un juez y no por el Ejecutivo ni la Fiscalía.
El presidente expresó su preocupación por la frecuencia con la que los jueces liberan bienes y a presuntos delincuentes, aprovechando supuestos errores técnicos o jurídicos en los casos.
“Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes, faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder o cosas por el estilo. Estamos enfrentando a diario todo", ejemplificó.
La polémica se desató después de que una juez federal, Ana Lilia Osorno Arroyo, ordenara la devolución de la casa de Lomas de Bezares en la Ciudad de México a Emilio Lozoya. La juez concluyó que la FGR se equivocó al fundamentar su pretensión de quedarse con la propiedad basándose en un recurso legal que no estaba vigente cuando Lozoya supuestamente la adquirió con dinero proveniente de sobornos.
Te podría interesar: Jueza ordena a FGR devolver residencia de Lozoya valuada en 38 mpd
Este hecho ha reavivado la propuesta del presidente de reformar el sistema de elección de jueces, buscando que sean electos por voto ciudadano, similar a como se eligen legisladores y presidentes municipales en México.
López Obrador subrayó la necesidad de renovar el Poder Judicial y lamentó sus intentos previos de proponer nuevos perfiles para ministros que resultaron infructuosos debido a su alianza con el antiguo régimen.
El presidente anunció que presentará su iniciativa de reforma del Poder Judicial antes de que concluya su administración, aunque para su aprobación se requerirá una mayoría calificada en el Congreso.
