El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, logró obtener un amparo que le permite modificar sus medidas cautelares, según denunció el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Bucio.
El Tribunal Colegiado, por mayoría de votos el 15 de noviembre del año pasado, concedió el amparo al ex presidente municipal de Iguala. Este amparo permite al juez tercero de control de Toluca citar a las partes a una nueva audiencia, donde se determinarán medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa.
La SSPC señala que el colegiado argumentó que la prisión preventiva oficiosa impuesta a Abarca viola sus derechos convencionales, en consonancia con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las cuales abogan por la eliminación de dicha medida.
Rodríguez Bucio indicó que el tribunal que emitió el fallo estaba conformado por el magistrado José Pablo Pérez, quien votó en contra, y los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, quienes respaldaron la decisión a favor de Abarca.
Cabe recordar que Abarca enfrenta causas penales por homicidio y delincuencia organizada, en relación con los trágicos sucesos en Iguala.
En otro hecho relacionado con el caso Ayotzinapa, María de los Ángeles "N", también vinculada al mismo, logró la revocación de su sentencia el 24 de abril de 2023, según la denuncia de Rodríguez Bucio.
La imputada había sido condenada el 29 de septiembre de 2022 a 10 años de prisión por delincuencia organizada, entre otros delitos. Sin embargo, en abril del año pasado, el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde revocó la sentencia condenatoria y ordenó la reposición del procedimiento.
Según Montellano, el juez que dictó la sentencia violó el derecho de seguridad jurídica en el debido proceso, ya que no realizó adecuadamente diversas diligencias y no llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador.
Además, no se aseguró de que el defensor público federal que asistió a la implicada en su declaración preparatoria contara con la cédula profesional, según informó la SSPC.
