Organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre un derrame de petróleo que ha ocurrido cerca de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche.
Esta plataforma sufrió una explosión e incendio el pasado 6 de abril, y las organizaciones han logrado detectar el derrame de crudo en el Golfo de México gracias a imágenes satelitales.
Según un comunicado conjunto de estas organizaciones, el derrame comenzó alrededor del 22 de marzo de este año y hasta el 9 de abril seguía activo, acumulando 18 días de fuga ininterrumpida.
Se estima que el crudo abarca una superficie mínima aproximada de 390 kilómetros cuadrados, una dimensión similar a la del derrame registrado en julio del año pasado.
En el comunicado, se destaca que "una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex que se detecta un derrame no reportado por las autoridades".
Ante esta situación, las organizaciones han urgido a las autoridades a proporcionar información transparente, tomar medidas de atención, mitigación y de no repetición.
También han solicitado una conversación sobre la seguridad de los trabajadores de Pemex, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su responsabilidad frente a la crisis climática.
Las organizaciones señalan que la repetición de estos desastres resalta la urgente necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles en el país.
Además, afirman que el siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino una consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles.
Responsabilidades y exigencias
Las organizaciones ponen énfasis en que la principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, especialmente la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA).
La ASEA, como agencia gubernamental reguladora del sector hidrocarburos, es señalada por las organizaciones por su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir desastres, a pesar de ser responsable de regular y sancionar a Pemex.
El aumento del 152% en la frecuencia de "accidentes" de Pemex en los últimos dos años, junto con una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, reflejan, según las organizaciones, decisiones administrativas en Pemex que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente.
Las organizaciones han exigido que las autoridades correspondientes informen claramente sobre el siniestro en Akal-B, sus impactos y las medidas para prevenir su repetición.
También han demandado información sobre las acciones para atender el derrame de petróleo detectado y mitigar sus impactos en los ecosistemas marinos, la salud de las personas y los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.
Organizaciones firmantes:
Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos, CartoCrítica A.C, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Comité Ecológico Integral, Conexiones Climáticas AC, CORASON, Defensa Ambiental del Noroeste, Engenera AC, #EsGasFosil, GDL en Bici, Greenpeace México AC, Nuestro Futuro AC, Organización Familia Pasta de Conchos, Padres por el Futuro Mty, Planeteando, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Programa de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO.
