En un giro reciente dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa, una jueza de distrito en Toluca ha cambiado la medida cautelar para ocho militares, permitiéndoles enfrentar su proceso en libertad condicional. Estos militares estaban previamente detenidos bajo acusaciones de estar vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 y de tener nexos con el cártel Guerreros Unidos.

La jueza Raquel Duarte Cedillo, del Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, decidió sustituir la prisión preventiva por libertad condicional y estableció un pago de garantía de 100,000 pesos. Además, impuso condiciones estrictas: los acusados deberán presentarse quincenalmente en el juzgado, tienen prohibido salir del país, acercarse al lugar de la desaparición en Iguala, Guerrero, o comunicarse con víctimas y testigos.

Los militares beneficiados con esta medida son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Juan Sotelo Díaz, Eloy Estrada Díaz y Uri Yashiel Reyes Lazos.

A pesar de las advertencias de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) sobre el potencial riesgo de fuga, la jueza sostuvo que la prisión preventiva no era idónea ni proporcional en este caso.

La decisión ha generado críticas, particularmente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acusó a la jueza de utilizar un criterio parcial y sesgado en favor de los militares. Asimismo, criticaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por litigar a favor de los imputados y por su negativa a entregar 800 folios esenciales para el caso.

"Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso", comentó un portavoz del Centro Prodh, subrayando la continua lucha por la justicia y la transparencia en uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de México.