La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que asistió a los comicios generales del 2 de junio en México, lamentó y condenó enérgicamente la violencia ocurrida durante las campañas políticas y el día de la elección, además de alertar sobre posibles reformas al sistema de votación.
En su informe preliminar sobre las elecciones mexicanas, la Misión señaló que antes de los comicios hubo intentos de reformar varias leyes electorales.
Resaltó que cualquier propuesta de reforma debe fortalecer la autonomía y especialización de los órganos electorales, evitando coartar su independencia o capacidad técnica.
Lo contrario, advirtió la Misión encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz y conformada por 97 personas de 24 nacionalidades, representaría un retroceso para la democracia mexicana. La Misión observó el proceso electoral en las 32 entidades del país.
Sin mencionar directamente el "Plan C" del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye reformas legales al Instituto Nacional Electoral (INE), la Misión destacó la importancia de mantener la independencia, autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales, beneficiando al sistema político y a la sociedad mexicana en general.
El informe indicó que el sistema electoral mexicano no requiere reformas profundas para garantizar el ejercicio pleno del sufragio y elecciones íntegras.
Los observadores se reunieron con actores políticos y sociales que expresaron su preocupación por los recortes presupuestales al INE y a los Órganos Públicos Locales, los cuales exigieron adecuaciones en su trabajo.
También manifestaron su preocupación por el alto número de renuncias de personal en el INE y la falta de nombramientos de titulares en varias direcciones y unidades clave. La misión recomendó fortalecer la autonomía del INE asegurando un presupuesto suficiente y la recepción oportuna de fondos.
Según el informe, entre el 7 de septiembre de 2023 y el 30 de mayo de 2024, el INE recibió 163 quejas por violaciones al artículo 134 constitucional y 8 quejas por el uso de recursos públicos.
De estas, 52 fueron contra el presidente López Obrador, resultando en 31 procedimientos, de los cuales 12 fueron derivados a la Sala Regional Especializada y 19 están en trámite. Además, se presentaron 40 solicitudes de medidas cautelares contra el mandatario.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa constitucional sobre el uso imparcial de recursos por parte de funcionarios públicos, la Misión recomendó sancionar a los infractores, proponiendo un catálogo gradual de sanciones en el sistema de justicia electoral.
Las quejas más frecuentes fueron sobre las declaraciones de López Obrador en sus conferencias matutinas, conocidas como "las mañaneras". En su informe de 45 páginas, la Misión expresó su preocupación por la violencia política durante las campañas, afectando la realización libre y transparente del proceso electoral.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el proceso electoral ocurrieron 23 asesinatos, incluyendo candidatos y aspirantes, aunque la Misión señaló que las cifras reportadas por grupos de la sociedad civil son más altas, entre 33 y 36 homicidios. Además, conocieron de cuatro asesinatos más durante el cierre de las campañas y el día de la elección.
El informe destacó que la violencia electoral tiene efectos perniciosos, como el desistimiento de la participación, ya sea por el retiro de candidaturas o por la decisión de no votar o asistir a eventos políticos por temor.
