El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos a actuar con “prudencia” y evitar intervenir en la polémica reforma al Poder Judicial que su Gobierno impulsa.
“Para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto: ¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, cuestionó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
López Obrador se refirió a la información publicada por el periodista Salvador Soto en El Universal, donde se asegura que la DEA alertó en un memorando interno sobre los riesgos de la elección de jueces y ministros mediante el voto popular, el núcleo de la reforma.
Según la información, la DEA advirtió que esto podría permitir a los cárteles y al crimen organizado postular a sus abogados y juristas como candidatos a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces del Poder Judicial con el sistema de votación propuesto para septiembre próximo.
En ese contexto, López Obrador señaló que se toma en cuenta el punto de vista de la organización estadounidense, pero ésta debe actuar con prudencia, “porque México es un país independiente”.
Comparó esta intromisión con la posibilidad de que él opinara sobre la ampliación de plazos para sentenciar a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México (2006-2012) detenido en Estados Unidos por narcotráfico y aún sin condena.
“Pero no me corresponde, tienen ellos su procedimientos, entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates (amigos)”, afirmó.
La reforma judicial, que ha generado incertidumbre en los mercados y caídas en el valor del peso mexicano, busca, entre otras cosas, que magistrados electorales, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos en las urnas.
Esta reforma es una de las primeras iniciativas constitucionales que la alianza oficialista pretende aprobar con una nueva ‘supermayoría’ en el Congreso a partir del 1 de septiembre.
