Después de once horas de debate, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación.

Este dictamen será enviado a la Mesa Directiva y, según anticipó el partido Morena, podría ser discutido el 1º de septiembre, cuando comience la nueva legislatura.

La reforma, respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye una figura similar a los “jueces sin rostro” para proteger la identidad de los juzgadores en casos de alto impacto.

Además, establece un proceso extraordinario en 2025 para la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, con el objetivo de “desmantelar la aristocracia judicial”, según Morena.

El dictamen fue aprobado poco después de las 23:30 con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 18 votos en contra de la oposición.

La reforma prevé la remoción de los 11 ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elegir a nueve nuevos, así como la sustitución de 15 magistrados de salas regionales, 448 magistrados de distrito, 378 jueces de distrito, dos vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cinco magistrados del nuevo tribunal de disciplina, que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal.

La reforma también incluye medidas para proteger la identidad de jueces en casos relacionados con la delincuencia organizada y limita los efectos generales de los juicios de amparo sobre la inconstitucionalidad de normas generales.

El largo debate se debió a las 330 reservas presentadas por las bancadas, especialmente del PRI. Durante el debate, el vice coordinador de Morena, Leonel Godoy, defendió la reforma al señalar que los cambios constitucionales en el pasado fueron promovidos por ex presidentes del PRI y del PAN.

En contraste, la oposición criticó la reforma como una “venganza” contra el Poder Judicial. La diputada Susana Prieto denunció lo que consideró una violación a la independencia del Poder Judicial, mientras que el panista Jorge Triana y el priísta Rubén Moreira expresaron su rechazo a la reforma, considerándola perjudicial para el sistema judicial del país.