Este martes, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde reveló durante la mañanera presuntas irregularidades en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Alcalde destacó el "nepotismo" dentro del PJF, mencionando que 24,546 empleados tienen al menos un familiar también trabajando en el sistema judicial, incluyendo un caso con 26 parientes en diferentes puestos desde magistrado hasta oficiales.
Además, presentó acusaciones de posible intervención en las recientes elecciones presidenciales, con tres incidentes específicos:
1. En diciembre de 2023, acusan a la ministra Norma Piña de “convocar a una cena privada” en casa del ministro González Alcántara al dirigente del PRI y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Alejandro Moreno, así como a magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
2. En julio de 2024, acusó a un juez de Distrito de ordenar al Tribunal Electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, algo que aseguró Alcalde fue rechazado por la Sala Superior al ser “excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional”.
3. Finalmente, acusó que en agosto de este año la ministra Piña admitió un recurso del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para que la corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso.
Luisa María Alcalde se queja de nepotismo en el Poder Judicial
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2024
Es un hecho, sí, y se debe acabar con él.
Pero... ¿y en el gobierno federal?
-¿No le dice algo su propio apellido?
-¿O los Batres?
-¿Los Concheiro?
-¿Los Taddei? pic.twitter.com/1iQ1BYnXRE
Alcalde también criticó las condiciones salariales dentro del PJF, señalando que los ministros de la Corte ganan mensualmente un total de 460,783 pesos, excediendo el salario del presidente, lo cual contradice la reforma de 2009.
De 2004 a 2023, se registraron 38,000 quejas contra funcionarios del PJF, de las cuales el 86% fueron desechadas sin investigación, y sólo 427 jueces y magistrados fueron sancionados.
La secretaria hizo estas declaraciones en contexto de las discusiones en el Senado sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente, que ya ha sido aprobada tanto en lo general como en particular por la Cámara de Diputados.
