La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca otorgar seguridad social a los repartidores de aplicaciones digitales como Uber, Rappi y Didi, beneficiando a aproximadamente 658,000 personas.

La propuesta tiene como objetivo regular el trabajo de conductores y repartidores en la Ley Federal del Trabajo, permitiéndoles inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según explicó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante la conferencia matutina del Gobierno.

“Tenemos la necesidad de formalizar y dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad y la autonomía, que son características propias de este modelo de negocio”, declaró Bolaños.

Los trabajadores que perciban al menos un salario mínimo, equivalente a 7,468 pesos al mes (aproximadamente 379 dólares), podrán acceder a las prestaciones del IMSS, que incluyen protección ante riesgos laborales, seguro contra accidentes, cobertura por enfermedades, incapacidades, licencias de maternidad, guarderías y pensiones.

Bolaños indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha contabilizado 658,000 trabajadores en plataformas digitales.

“De este universo, aproximadamente 272,000 personas trabajadoras, es decir, el 41 % de ellas, logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, lo que permite una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos”, comentó.

El secretario también mencionó que han realizado 30 reuniones con representantes de los repartidores, así como con empresas como Uber, Didi y Rappi, e instituciones del Gobierno.

Bolaños anunció que el IMSS implementará un programa piloto y garantizó que los trabajadores mantendrán la flexibilidad de elegir sus horarios en las plataformas digitales.

Además, se reconocerá en la Ley Federal del Trabajo la subordinación discontinua entre trabajador y empresa, acotando el tiempo efectivamente trabajado.

“No se tiene afectación en el fondo ni ningún cambio en el modelo de negocio”, concluyó el funcionario.