Con una votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República continúen con la organización de la elección judicial.

El proyecto aprobado señaló que suspender el procedimiento electoral de las personas juzgadoras o cualquiera de las etapas del proceso es "constitucionalmente inviable".

La magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, explicó que esta decisión elimina “obstáculos legales o procesales que impidan a las autoridades ejercer su función”, aunque aclaró que no se pronunció sobre los juicios de amparo contra la reforma judicial, los cuales deben resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o tribunales colegiados de circuito.

El pleno del Tribunal Electoral determinó que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado puede suspender o restringir las actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario para elegir cargos en el Poder Judicial de la Federación.

Esto se resolvió en respuesta a consultas del Senado y el INE, que plantearon 140 suspensiones emitidas por juzgados federales para frenar el proceso electoral.

Un tercer recurso fue promovido por la consejera del INE, Rita Bell, quien solicitó al TEPJF garantizar su pleno ejercicio de la función electoral. Sin embargo, los magistrados desestimaron la petición, indicando que es la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien representa legalmente al INE.

La resolución fue aprobada por tres magistrados: Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes (ponente) y Felipe de la Mata, mientras que los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra.

El argumento central de la mayoría fue que la Constitución establece que no existe recurso legal que pueda suspender una elección, ya que se priorizan las garantías de certeza y legalidad. Además, Fuentes y de la Mata resaltaron que la reforma de supremacía constitucional impide que los órganos jurisdiccionales revisen reformas constitucionales.

De la Mata añadió que suspender el proceso de elección “resulta inviable” debido a la interrelación de sus etapas y objetivos. Por su parte, Otálora argumentó que el TEPJF no tiene competencia para resolver asuntos relacionados con amparos, por lo que insistió en posponer la resolución hasta que la SCJN se pronuncie sobre la consulta competencial planteada el 14 de octubre.

Reyes Rodríguez, por su parte, advirtió que la decisión del Tribunal Electoral podría extralimitar su competencia y generar mayor incertidumbre en el proceso de reforma judicial. “Involucrar al pleno en ese proceso es particularmente grave”, alertó.