El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la reciente entrega de 29 criminales a Estados Unidos se debió a que "existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años".
En conferencia de prensa junto al Gabinete de Seguridad, García Harfuch explicó que el traslado de estas personas tenía el objetivo de reducir la violencia en México, combatir delitos de alto impacto y garantizar la seguridad nacional.
Además, destacó que los 29 individuos eran requeridos en Estados Unidos por su presunta participación en delitos como "delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos".
Sobre los 29 capos extraditados a EU 🇺🇸:
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 28, 2025
"Existía el riesgo de que alguno fuera liberado o de que su extradición siguiera retrasándose debido a acuerdos con jueces.", @OHarfuch. pic.twitter.com/oF7xwuVnae
El secretario subrayó que los trasladados representaban una amenaza significativa tanto para la seguridad de México como para la de Estados Unidos.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aclaró que este procedimiento no se trató de una extradición, sino de un traslado.
Gertz Manero explicó que la entrega de los 29 criminales se realizó a partir de una solicitud formal del gobierno estadounidense, respaldada por la Convención de Palermo, un tratado internacional contra la delincuencia organizada.
En este sentido, afirmó que "hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento".
El fiscal detalló que el gobierno mexicano actuó conforme al artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de futuros traslados de criminales al país vecino, respondió que, por el momento, "no había más solicitudes para llevarlas a cabo".
