Primero, Francisco Navarrete es presidente municipal electo de Tepoztlán y como tal en todo caso solamente tiene facultades para iniciar el proceso de transición que se concretará el 1 de enero de 2013; mientras tanto quien gobierna ese territorio es el presidente constitucional, Gabino Ríos Cedillo.

En una asamblea realizada el pasado fin de semana –según informó el próximo edil- en la que estuvieron presentes habitantes de los poblados de Santa Catarina, San Juan, Amatlán y San Juan Tlacotenco, se determinó impulsar un plebiscito para definir si se da luz verde o se cancela definitivamente la obra que autorizó la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT).

Apenas este fin de mayo el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos e incluyó las figuras de revocación de mandato y rendición de cuentas; las reformas al artículo 19 Bis reducen los porcentajes para que la ciudadanía pueda solicitar la convocatoria a plebiscito, referéndum e iniciativa popular.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado establece en su artículo 19 que “toda solicitud de plebiscito deberá dirigirse al Instituto Estatal Electoral, y contendrá:”

I. El acto o decisión de gobierno que se pretenda someter a plebiscito;

II. La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto o decisión se considera de importancia trascendente para la vida pública del Estado o municipio, según sea el caso, y las razones por las cuales se considera que debe someterse a plebiscito;

III. La denominación de la autoridad; y

IV. Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, número de registro de elector y firma de cada uno de los solicitantes.

Es decir, de pretender solicitar este ejercicio ciudadano, Francisco Navarrete habrá de cumplir con lo establecido en la fracción IV de este artículo si su ánimo es que la aplicación se haga antes de 1 de enero; y en su caso esperar o someter a consideración del presidente constitucional que haga la solicitud formal.

Ahora bien, el presidente electo dijo que ese mecanismo (plebiscito) que “se realizará en un mes”, servirá para evitar que el conflicto -que ha surgido de posturas encontradas- se haga más grande; “hay que pararlo antes de  que truene  la bomba”. La segunda parte de su aseveración es congruente, pero sobre la aplicación de un plebiscito, sin que éste cuente con los lineamientos que establece la norma, simplemente podrá ser llamada consulta pero no tendrá ningún valor legal.

Otro detalle que debe considerarse:

Una consulta o en su caso plebiscito que solamente considere a los pobladores, vecinos cercanos, ejidatarios, comuneros de Tepoztlán, no arrojaría el sentir y la necesidad de la construcción de esta obra. Quienes ocupan la vía: transportistas, empleados de empresas y gobierno, taxistas, autobuses, turistas, vecinos de Cuautla, Oaxtepec, Cocoyoc, Cuernavaca, todos, absolutamente todos, tendrían que opinar.

La existencia del plebiscito, referéndum, iniciativa popular y la revocación de mandato, en nuestra legislación deben manejarse con responsabilidad y además con soporte legal, lo contrario solamente generará confusión y mucho más confrontación.

Al Aire

La propuesta de subir la tarifa del transporte como respuesta a la solicitud de que se respalde la reducción del 50% de ese costo a estudiantes, solamente demuestra la obtusa visión que los transportistas tienen de un servicio que deben prestar, por la confianza depositada por parte del Estado en ellos, a favor de la sociedad y no bajo un esquema eminentemente de negocio.

Si bien es cierto la figura de la Concesión faculta al particular para la explotación y administración en su provecho de bienes que son del dominio público, debe siempre velar por satisfacer un interés colectivo; esa es su verdadera naturaleza, en caso contrario se estaría en un absurdo al renunciar el Estado a una función que le es obligatoria.

Nada justifica la actitud poco solidaria y hasta fascista del líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes, quien lejos de entrar en diálogo y razonamiento sobre la petición de los estudiantes, les espeta un tajante no. “Que se vayan a clases que para eso son estudiantes, dejen las decisiones a los políticos”, reaccionó y después ha encabezado una postura abusiva de solicitar un incremento en la tarifa mínima de 5.50 a 9 pesos.

El secretario de Gobierno habla de la aplicación de un estudio de factibilidad que considere el estado del servicio prestado y el ingreso medio de los usuarios; en verdad –nos preguntamos- es necesario un estudio para verificar lo obvio: unidades en pésimo estado y conductores abusivos frente a una mermada sociedad que su economía no le permite evitar este servicio que en otras circunstancias jamás ocuparían.

¡Así de sencillo es el estudio de factibilidad!