Es un principio de derecho que: “lo normal se presume y lo anormal se prueba”. El onus probandi recae en el acusador y es claro que el problema principal con la impugnación de López Obrador es que, desde un inicio, ha carecido de pruebas. En el caso de las elecciones presidenciales del 1 de julio, la izquierda acusó y después quiere demostrarlo. Para los abogados de Andrés Manuel se trata de un presunto fraude; así han actuado los encargados de promover el recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral y los medios de comunicación, tratando de juntar las pruebas —después de que hiciera pública la acusación su candidato—.
Ni la aritmética más sencilla pudo dotar de una mínima credibilidad la imputación de que el PRI había comprado 5 millones de votos, como lo espetó en un inicio Andrés Manuel. Las 500 cajas rellenas de recortes periodísticos, documentos de elecciones distintas a la cuestionada y algunos otros indicios no fueron (o serán) suficientes —ni siquiera para la propia parte acusadora—.
Por ello, para robustecer su acusación o, más bien, para extenderla en el tiempo, el equipo de López Obrador organizó la Expo Fraude y, siendo aún insuficiente para sus propósitos propagandísticos, le concedieron a un notario del Distrito Federal 15 minutos de fama para que le hiciera a todo el país un recuento de algunos enseres domésticos y otros utilitarios: “96 tortilleros”, “cinco Tupperware”, “12 termos”, “10 tazas”, “artículos de maquillaje para dama”, “una plancha”, “seis perfumes”, “80 paraguas”, “12 llaveros”… Además acarrearon unos cuantos animales de granja para hacer su alegato, con lo que los lopezobradoristas le dieron vuelta al ciclo de la historia cívica hasta regresar a los primeros augurios romanos, cuando el vuelo de las aves servía para regir los términos de una elección.
El contraste con la sofisticación del andamiaje jurídico que rige los procesos electorales en México desde, por lo menos la reforma constitucional de 1996, no podía ser mayor. Todos los partidos han confiado y participado en este marco institucional, bajo el cual se eligió al jefe de gobierno del DF en 1997, al presidente de la república desde el 2000 y a los integrantes del Congreso de la Unión desde 1997 cada tres y seis años. Durante este mismo periodo se construyeron reglas jurídicas para organizar y calificar las elecciones que han funcionado.
A partir de estas reglas, la conclusión del proceso por parte del Tribunal Electoral (TEPJF) “a más tardar el 6 de septiembre” le otorga legalidad y legitimidad al próximo presidente de la república; de ahí que el punto esencial sea si proceden o no las pruebas presentadas y los argumentos esgrimidos por los abogados de López Obrador. Que por lo menos tengan seriedad en sus planteamientos.
Pero en cambio, sus abogados han ido de un extremo argumentativo a otro. Por un lado recurren a una definición abstracta y arbitraria de los principios de la democracia a modo de López Obrador; por el otro, no tienen empacho en reducir su alegato a unos cuantos pollos, cerdos y chivos. El hecho es que en nuestra democracia no se puede sustituir el valor jurídico de las pruebas y el procedimiento probatorio instituido en la ley electoral, por las meras ocurrencias retóricas del candidato y sus abogados.
Por no ajustarse a los principios básicos de justicia, los seguidores de “las izquierdas” han forzado la lógica del derecho hasta transformar un proceso fundamental para la democracia electoral en una caricatura de sí mismo. Al declarar “fraudulento” el proceso electoral, aun antes de presentar evidencias de ello y, al mismo tiempo, menospreciando la valoración legal a la que deben estar sujetas las pruebas, incurren en una práctica intrínsecamente autoritaria. No le hace ningún favor a las causas que enarbola la verdadera izquierda el que la frustración de sus candidatos derive en un mero entremés teatral.
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Ex consejero del IFE