Era el 27 de diciembre y el fundador de las autodefensas, un limonero convertido en policía rural siete meses antes, admitía haber participado en el fuego cruzado que acabó con la vida de otras diez personas. Una semana después el juzgado dictaba auto de formal prisión para Mora y 26 de sus hombres por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipación. “Me siento como un pendejo, no entiendo si es ilegal defenderse o es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a uno; yo quisiera que alguien que sepa de leyes me lo explique", reaccionó entonces. A dos meses de aquellas declaraciones, este lunes el Poder Judicial del Estado ha resuelto revocar el auto contra el líder de la Ruana y su equipo.

En febrero, Mora fue inscrito en las listas del Partido Movimiento Ciudadano como candidato a diputado federal para las elecciones intermedias del próximo junio, aunque en su día la formación precisó que sería incluido en caso de que el proceso jurídico al que estaba sujeto se lo permitiese.

El ataque entre los partidarios de Hipólito Mora y el bando de José Luis Torres, alias El Americano, se produjo el 16 de diciembre, cuando los primeros se encontraban en un cobertizo de vigilancia situado en la entrada del pueblo. La versión de ambos es que fueron atacados y dispararon para defenderse. El saldo del enfrentamiento fue de once personas muertas. El líder autodefensa había acusado en múltiples ocasiones al Americano de sus nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios, la banda criminal que dominaba la zona y sometía a la población desde 2011. Este, a su vez, señalaba a Mora como el autor del asesinato de dos personas cercanas a su grupo, una acusación que lo llevó dos meses a prisión en marzo de 2014, aunque fue liberado por falta de pruebas y posteriormente el Gobierno de Peña Nieto le tendió la mano para registrarse como fuerza rural.

El nuevo cuerpo de seguridad, creado por el ejecutivo central en mayo pasado, tenía como objetivo desmovilizar a las autodefensas, los civiles levantados en armas que desde febrero de 2013 se habían hecho con el control de buena parte de la región de la Tierra Caliente michoacana, una zona agrícola fértil en aguacate y limones donde, en la práctica, los Templarios llevaban años ejerciendo de autoridad.

Para detener la ola de violencia provocada por los enfrentamientos entre campesinos y el crimen organizado, en enero de 2014, el Gobierno federal tomó el mando de la seguridad en el Estado. Tras múltiples desavenencias con uno de los líderes del movimiento civil, el doctor José Manuel Mireles, este decidió apartarse de los acuerdos con el Ejecutivo y en verano fue enviado a una prisión en Sonora (a 1.500 kilómetros de distancia) por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

A un año y dos meses de la intervención Federal, el Gobierno ha logrado desarticular la cúpula de los Templarios. Desde su fundador, Nazario Moreno, alias el Chayo, quien había sido dado por muerto durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), pero fue abatido en marzo del año pasado, hasta el líder actual, La Tuta, arrestado hace tan solo diez días por las autoridades. Los homicidios, sin embargo, no han disminuido. Tan solo entre enero y octubre de 2014 fueron asesinadas en Michoacán 981 personas, 65 más que la cifra de todo 2013. [elPaís]