Unos a otros se dieron ánimos arriba de los autobuses. Pero luego de tres horas, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa salieron del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) furiosos. Eso no detuvo que lograran construir un ambiente de logro, acompañado de abrazos, palabras y palmadas en la espalda, a pesar de que unos minutos antes, de acuerdo con sus comentarios, el Presidente Enrique Peña Nieto los volvió a golpear.
Para los familiares de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, incluidos los tres asesinados en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las acciones del Presidente se dieron a conocer para hacer creer a nivel internacional que se trabaja en el caso, pero lo que hay detrás es sostener la llamada “verdad histórica”.
“Vimos que con cada uno de los supuestos compromisos que asumió, lo que en verdad hizo es proteger a sus secretarios”, comentó Carlos Martínez, estudiante de la Normal de Ayotzinapa.
“Ya sabíamos que [el Presidente] no se iba a comprometer”, dijo uno de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos hace 364 días. Otro agregó: “Si fuimos fue por trámite”.
Justo cuando anunciaron la mala noticia decenas de ciudadanos condenaron el hecho y calificaron a Peña Nieto de “traidor”.
Frente a la Catedral Metropolitana, donde mantienen las llamadas “carpas del ayuno”, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo que no se logró acuerdo alguno con Peña Nieto. “No son acuerdos con los padres de familia, es lo que él cree que es bueno para él pero no son soluciones para los padres”, dijo.
En el mismo sentido, el padre de familia Abraham Bernavé criticó: “Nada se nos informó, llevamos ocho puntos y no hubo nada, no tuvimos nada que él [Enrique Peña Nieto] se comprometiera […] Lo que le hemos pedido es que se comprometiera con los ocho puntos”.
“NO NOS VAMOS, NO NOS CANSAMOS”
Cerca de las 17:00 horas de ayer, minutos después de la mesa de diálogo, Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno de la República, anunció que el Jefe del Ejecutivo federal instruyó a las dependencias a atender las peticiones y detalló que Enrique Peña Nieto les dijo a los familiares de las víctimas: ”Estamos del mismo lado, ustedes y yo queremos lo mismo: saber qué sucedió con sus hijos y castigar a los responsables. Busquemos juntos la verdad”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres, aseguró que al mandatario federal no le interesó resolver el caso y no le importan los derechos humanos.
“Enrique Peña Nieto no se comprometió al cumplimiento de ninguna de nuestras demandas. Esgrimió seis posibles compromisos que puede contraer, pero no son fundamentales”, comentó Rosales.
El abogado denunció que la comisión fue atacada por partida doble, pues a pesar de los resultados de la reunión con los funcionarios, los elementos de Estado Mayor presidencial hostigaron e intentaron humillar a los familiares de las víctimas.
“Queríamos que aceptaran sus errores. Ya sabíamos cómo iba a responder en Gobierno. ¿Por qué no reconocen que se equivocaron? El Gobierno tiene que aprender a reconocer sus errores”, dijo esta tarde una primera madre, María de Jesús Tlatempa, en conferencia de prensa en el Zócalo de la capital del país, donde ayunan desde ayer a las 19 horas.
La mamá del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa advirtió:
“Pero no nos vamos, no nos cansamos. Vamos a ser su piedra en el zapato. Porque nosotros no nos podemos ir a nuestra casa sin saber en dónde están nuestros hijos [...]. Si ustedes no pueden resolver este problema, se lo tienen que dejar a las personas que son serias y responsables”.
Mario González, uno de los padres del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dijo que para ellos era un simple requisito ir a ver al Presidente. “El Estado nunca nos ha dado nada, más que golpes psicológicos a los Padres”, recriminó.
En el encuentro, los padres de los normalistas entregaron una carta al Presidente con los siguientes ocho puntos:
- Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto.
- Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones.
- Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar.
- Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología.
- Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente.
- Respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas.
- Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos.
- Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México.
“TOPE DONDE TENGA QUE TOPAR”
Padres de los normalistas en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Pero el mandatario federal respondió con la propuesta de una Fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas, la cual ellos rechazan, puesto que urgieron una unidad especializada con dos vertientes: una para la búsqueda de los normalistas y otra para deslindar responsabilidades contra funcionarios que hayan afectado la investigación.
Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, dijo en conferencia que el Presidente giró instrucciones precisas a todas las dependencias involucradas para llevar la investigación a “tope donde tenga que topar”; seguir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI- CIDH); transparentar de manera individual qué pasó con cada uno de los afectados; extender la atención médica y psicológica a familias y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinada; a la Procuraduría General de la República (PGR) le ordenó integrar un equipo de peritos “del más alto nivel” para saber con claridad qué pasó en el basurero de Cocula, en la que podrá participar el perito independiente José Torero, si así lo desea.
A su vez Marisa Mendoza, la esposa de Julio Cesar Mondragón, normalista asesinado, informó que la exhumación del cuerpo de su esposo estaba prevista para llevarse a cabo este 30 de septiembre y que fue pospuesta, lo que consideró es una muestra de que no les interesa esclarecer el caso.
“Ni a los caídos ni a los desaparecidos nos han resuelto nada”, reclamó.
Agregó que ellos solicitaron que el cuerpo fuera desenterrado para que se investigara su asesinato pues él “fue desollado vivo, él fue torturado” y su rostro no fue devorado por animales como se había dicho en un inicio.
A pesar de las preguntas que hizo la comisión, nada fue aclarado por parte del Estado, denunciaron. | sinembargo
