“Nadie sabe lo que realmente sucedió [en la noche de Iguala], pero todo el país está especulando. ¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la policía federal, sospechan muchos. Los mexicanos están aún más horrorizado por el comportamiento de los policías local. La historia les recuerda que en algunas partes de su país el crimen organizado se ha infiltrado en la política local tan a fondo que los dos bandos son difíciles de diferenciar. También les recuerda que los crímenes en México rara vez son castigados: sólo uno de cada 100 llega a una condena”.

Así describe The Economist el ánimo existente en México a raíz del “gran misterio” que representa la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida hace 19 meses en Iguala, Guerrero. La publicación dice en edición de esta semana que este “crimen espantoso” y su posible encubrimiento “recuerdan a los mexicanos lo que más les disgusta de su gobierno”.

El semanario británico reseña cómo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha quejado de que el Gobierno mexicano obstruyó su investigación al no permitirle entrevistas a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Menciona además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que, de acuerdo con un testigo, oficiales de la Policía Federa estaban presentes cuando los estudiantes fueron sacados de un autobús y agrupados en las patrulla municipal sin haber interferido.

“El GIEI”, publica The Economist, “cuestiona también si el Ejército no actuó cuando pudo hacerlo”.

La publicación dice que incluso la versión oficial es impactante:

“En septiembre de 2014 un grupo de normalistas de Ayotzinapa, en el suroeste del estado de Guerrero, decidió comandar algunos autobuses en la cercana ciudad de Iguala. Ellos querían ir a una reunión en la Ciudad de México, es común para los estudiantes en esa parte de México tomar autobuses para tales cosas. Por lo general, los devuelven. Cuarenta y tres de esos estudiantes desaparecieron y se presume que están muertos. El Alcalde de Iguala y su esposa estaban enojados con ellos por haber interrumpido un evento político, dice el Gobierno federal, y ordenaron a la policía local entregarlos a un grupo de narcotraficantes, los Guerrero Unidos. Los gángsters confundieron a los estudiantes con los miembros de una banda rival. Los mataron, quemaron sus cuerpos en un vertedero de basura y arrojaron los restos en un río”, dice el medio.

“O eso es en lo que el Gobierno insiste. La verdad puede ser peor”, agrega The Economist.

La revista menciona que fue por la presión de las familias de los estudiantes desaparecidos que el gobierno invitó a los expertos extranjeros, convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar. El grupo, menciona, no encontró ninguna evidencia de que los estudiantes habían sido quemados en el vertedero de basura y han sugerido que uno de los autobuses quizá estaba siendo utilizado para mover heroína de Guerrero a Chicago.

“Los estudiantes podrían haber sido asesinados porque sin darse cuenta se hicieron de millones de dólares en drogas”, dice.

The Economist refiere que incluso los detalles en la que ambas partes están de acuerdo son confusos:

“El 26 de septiembre, alrededor de las 21:30, cerca de 100 estudiantes dejaron Iguala en cinco autobuses. Tres de los autobuses fueron atacados por la policía local. Los estudiantes de uno de los autobuses fueron llevados por la policía y no se han sido vistos desde entonces. Los otros dos autobuses, que tomaron una ruta diferente, también fueron detenidos. Una vez más, fueron sacados los estudiantes y no se han visto desde entonces. Los otros, que habían sido alertados de lo que estaba ocurriendo, se escaparon en la oscuridad. Posteriormente se encontraron los cuerpos de tres transeúntes y tres estudiantes. A uno de los estudiantes le habían arrancado los ojos y la piel de su cara había desaparecido”.

El medio detalla que el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa están en custodia, al igual que 73 policías municipales y 50 miembros de los Guerreros Unidos. Dice que la versión del gobierno sobre los acontecimientos de esa noche se basa en gran parte en las confesiones de los criminales, sin embargo, refiere que el GIEI ha alegado que 17 de los miembros de la banda criminal fueron torturados.

“El Grupo de Expertos”, menciona el medio, “ha citado fotografías que demuestran cómo, mientras los interrogatorios progresaban, los cuerpos de los implicados lucían cada vez más maltratados”.

The Economist dice que para el Presidente Enrique Peña Nieto el caso ha sido “un desastre de relaciones públicas”. Menciona que un principio “él pareció distintas: le tomó un mes reunirse con las familias de las víctimas y 17 meses para visitar Iguala. Ahora muchos mexicanos cuestionan su buena voluntad para confrontar la cultura de la corrupción que permite a la violencia prosperar”.

“El índice de aprobación del Señor Peña es de un lamentable 30 por ciento, en parte debido a las acusaciones por corrupción”. El medio menciona cómo el empresario Juan Armando Hinojosa, uno contratista favorecido por el Gobierno y que construyó la casa de su esposa, fue señalado en los documentos de Papeles Panamá por haber movido 100 millones de dólares a través de un centro offshore.

Destaca además el que sigan ocurriendo tragedias como la de Iguala y da cuenta de la desaparición de cinco personas ocurrida a principios de este año en Veracruz, cuando las víctimas fueron detenidas por la policía estatal. Además menciona la difusión del video en el que una presunta delincuente es  torturada por dos soldados y un policía federal.

“México está despertando”, dijo Viridiana Ríos del Centro Wilson, un centro de estudios en Washington a The Economist. Una grande y más asertivo clase media “ya está dispuesta a soportar la corrupción y la impunidad”, dijo ella. Al respecto, el semanario menciona que el Congreso mexicano está pronto a considerar un paquete de leyes contra la corrupción.

“El señor Peña, que ha impulsado las reformas de Energía y Telecomunicaciones, todavía tiene la capacidad de sorprender. La semana pasada, admitió que la guerra contra las drogas no iba bien. Propuso la legalización de la mariguana medicinal y la despenalización de la posesión de 28 gramos o menos de mariguana recreativa. Esto podría comenzar a desacelerar la guerra contra las drogas, sacar a los delincuentes inofensivos de las cárceles repletas de México y centrara las fuerzas de seguridad en los delitos que aterrorizan a los ciudadanos comunes, como la matanza de los futuros profesores de Ayotzinapa”, dice el medio.

Y finaliza: “Sin embargo, el establecimiento del Estado de Derecho en México tomará años”

... Con Información de Sin Embargo