Maciel Calvo

Maciel Calvo

La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.

 

 

La presidenta del TSJ impugnó la ratificación de su homóloga.

Un grupo de magistrados solicitó a su homóloga y presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convocar a sesión de Pleno Extraordinario, para la incorporación oficial de Guillermina Jiménez Serafín al órgano colegiado y a la nómina.

Por medio de un oficio dirigido a la representante del Poder Judicial y firmado por los diez magistrados que conforman el bloque disidente, incluida Jiménez Serafín, fue promovida la petición para que, después del convivio navideño, a las 21:00 horas del 14 de diciembre –último día laborable en el TSJ- los magistrados sesionen de manera exprés con un único punto en la orden del día.

Es decir, “que se ordene a quien corresponda, realice todos los trámites conducentes para que la Magistrada Guillermina Jiménez Serafín sea dada de alta en la nómina a efecto de que le sean cubiertos todos su emolumentos a los que tiene derecho como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las prestaciones correspondientes. Además, de todas las prerrogativas inherentes al cargo”, fue la petición concreta del bloque disidente para la realización extraordinaria de Pleno.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta tiene la obligación constitucional de atender de inmediato el asunto de la magistrada Jiménez Serafín, quien fue ratificada el pasado 4 de diciembre por el Pleno del Congreso local.

Lamentó que Cuevas López, sin consultar a los magistrados, de manera unilateral haya tomado la decisión de impugnar la ratificación de su homóloga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estas decisiones son ilegítimas porque no cuentan con el respaldo y el aval de quienes integramos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia”, dijo, y recordó que en múltiples ocasiones Carmen Cuevas ha rechazado las peticiones del bloque disidente para sesionar en Pleno, pero si mantiene su postura podría incurrir en responsabilidad por no cumplir con sus funciones y atribuciones.  

 

Miércoles, 11 Diciembre 2019 04:52

Preocupa a CDHEM violencia: ombudsman

La Comisión de Derechos Humanos realiza un seguimiento de los homicidios dolosos ocurridos en 2019.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) expresó lo que dijo es su preocupación por el nivel de violencia e inseguridad que atraviesa la entidad, que se refleja en el número de homicidios dolosos y que en los últimos días cobró la vida de otro jefe policíaco.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el organismo realiza un seguimiento a los homicidios dolosos ocurridos a lo largo de 2019  y que al final del año se hará un balance y un comparativo con respecto a estadísticas anteriores.

“Nosotros estamos documentando todos los homicidios dolosos, es una investigación general para que al cierre de esta año, con el alarmante conteo, poder dar cuenta, señalar y dejar en evidencia una situación que ha propiciado estos homicidios, feminicidios y también de otra naturaleza, que no podemos seguir permitiendo que se normalice”, dijo.

Señaló que la CHDEM está preocupada por la inseguridad que hay en Morelos, pero sostuvo que la responsabilidad de la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

También lamentó las fallas en el sistema de justicia, que han permitido que haya impunidad en este tipo de delitos de alto impacto.

“Hay un sistema de justicia que no ha sido el deseable, que es ineficaz, este sistema de justicia no nada más tiene que ver con la prevención del delito, tiene que ver con la investigación e identificación de los responsables de la comisión de delitos, y que esta se integre de manera profesional de parte de la fiscalía del estado para que se lleve a los responsables ante un juez y se imponga una sanción”, sostuvo, al lamentar que Morelos, de acuerdo con la organización civil Impunidad Cero, ocupe el primer lugar a nivel nacional de impunidad en homicidios dolosos.

 

ENTREGA DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la CDHEM entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos a Galia Shanntall Tonella Navarro, por su labor en defensa de las mujeres privadas de su libertad en Morelos y el apoyo a mujeres que han cumplido con sus condenas.

En el auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se entregaron reconocimientos a Antonio Sorela Castillo, Arely Rocío Lagunas López, Ana María Oliveros Gómez, Denisse Hernández Martínez, Juan Carlos Casillas Batalla y Marlen Barrera Gama, quienes también fueron postulados al premio.

 

 

  

Martes, 10 Diciembre 2019 05:15

Se integrará Martínez Cruz a CNDH

A invitación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, José Martínez Cruz, vocero e integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), se incorporará al organismo nacional.

Con el respaldo de sus compañeros con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, Martínez Cruz anunció que deja la vocería de la organización independiente para acompañar a la nueva ombudsman, quien es hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y quien ha denunciado, además del caso de su hijo, decenas de desapariciones forzadas.

Al incorporarse como funcionario de la CNDH, anunció que dejará la vocería de la CIDHM, con lo cual la organización tendrá una reestructuración.

“He recibido la invitación de la compañera Rosario Piedra Ibarra y he aceptado formar parte de su equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguro estoy que ello implica un compromiso de continuar realizando las actividades que a lo largo de mi vida consciente he llevado a cabo en donde quiera que me encuentre.

“Considero importante que se lleve a cabo una serie de medidas para transformar la CNDH para que sirva realmente y a fondo como una instancia de defensa de los derechos humanos, con la participación directa de víctimas y activistas defensoras de derechos humanos, para que esté en el centro de su atención las personas que han vivido en carne propia y han demostrado actuar de manera consecuente en la lucha por lograr que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos”, señaló y agradeció el respaldo de todos las y los compañeros de lucha durante más de tres décadas.

Por lo pronto, agregó, hay una oportunidad para concretar múltiples iniciativas y propuestas de  sociedad civil, así como atender las constantes violaciones a los derechos humanos, ante la emergencia que presentan los casos de personas desaparecidas, mujeres víctimas de feminicidio, miles de víctimas de la violencia e inseguridad, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, e impunidad generalizada.

No obstante, continuará colaborando con la comisión independiente alternadamente con sus funciones dentro de la CNDH.

 

No había amenazas; se compromete fiscal a esclarecer el caso.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que son dos las principales líneas de investigación las que se siguen para esclarecer el homicidio del secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez  López, asesinado la noche del 5 de diciembre.

La principal hipótesis es que el asesinato pudo ser perpetrado por miembros de la delincuencia organizada para evitar que la víctima ejerciera el cargo. La segunda, una posible venganza, luego de que durante su trayectoria como policía realizó varias detenciones. La fiscalía no descartó otras líneas de investigación paralelas vinculadas a las funciones policíacas de Juárez López, pese a que la familia declaró que aparentemente no había una amenaza previa ni tenía conflicto con alguien en particular.

Carmona Gándara lamentó el crimen contra el jefe policíaco, quien, aun cuando portaba su arma de cargo, no tuvo oportunidad de defenderse, al ser atacado por la espalda.

“Lo que tenemos como avance es que sabemos que lo emboscaron, lo atacaron por la espalda con disparos  de arma de fuego, sabemos que se utilizó una sola arma, se utilizó una pistola calibre 9 milímetros, pero también tenemos indicios muy claros que lo pudieron haber emboscado tres personas.

“Estamos corroborando la existencia de una llamada anónima, un reporte del C-5 de  de una persona que alertó al C-5 de la presencia de sujetos ajenos a la unidad Teopanzolco momentos antes de que se cometiera el homicidio”, dijo Uriel Carmona y sostuvo que se revisarán las imágenes captadas en las cámaras de video vigilancia del C-5 para ubicar a él o los presuntos responsables.

Afirmó que hay un trabajo coordinado con instancias de diferentes niveles de gobierno y llamó a edil capitalino, Antonio Villalobos, a  coadyuvar como autoridad para esclarecer el homicidio del encargado de la seguridad pública municipal.

“Estamos haciendo un llamado al presidente municipal para que nos permita tener acceso a la información que  ellos pudieran tener y que nos es importante para esclarecer este hecho”, resaltó.

Agregó que este caso es una prioridad para la fiscalía y se comprometió a dar resultados en la investigación para la detención de quienes perpetraron el homicidio. 

 

 

 

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Lunes, 09 Diciembre 2019 05:17

En vigor, el bando de gobierno de Xoxocotla

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el Bando de Policía y Buen del Gobierno de Xoxocotla, que el 1 de enero próximo cumplirá un año de su fundación.

El nuevo instrumento jurídico está conformado por 14 capítulos que regulan las disposiciones generales, del territorio municipal, de la población, el gobierno, su administración y de las autoridades auxiliares municipales, de la planeación y desarrollo urbano, de las obras y de los servicios, del equilibrio ecológico y de las actividades comerciales, de la protección civil, de la asistencia social, de la educación, de la justicia municipal, del orden, la seguridad pública, así como de los actos y recursos administrativos.

Además, prevé las infracciones y sanciones al Bando de Policía y Buen Gobierno que van desde la simple amonestación, una multa hasta por 500 días de salario mínimo general vigente en el Estado o suspensión de permiso, licencia o concesión, hasta la clausura, la retención de mercancías, instrumentos u objetos materia de la infracción, la demolición de construcciones, arresto hasta por 36 horas y trabajo a favor de la comunidad

Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del nuevo bando, el municipio indígena deber expedir los reglamentos a que aluden sus disposiciones y demás ordenamientos que resulten necesarios para su debida aplicación y observancia.

Cabe destacar que anteriormente, el Consejo Municipal operaba provisionalmente con el Bando de Policía y Buen Gobierno del Puente de Ixtla, ayuntamiento del que se escindió la comunidad indígena de Xoxocotla para constituirse en municipio.

 

 

Dice que fue ilegal aprobar con 13 diputados el nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el decreto por el cual un grupo de diputados designó “magistrada numeraria” a Guillermina Jiménez Serafín sin reunir la mayoría calificada.

Pasaron a penas 24 horas, cuando la representante del Poder Judicial acudió al tribunal constitucional para demandar “la invalidez la invalidez del Decreto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en su sesión celebrada el día de hoy 04 de diciembre de 2019, por el que se designa a GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aplicando por vez primera en perjuicio del Poder actor, la inconstitucional adición del cuarto párrafo del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2019”, que estableció que 13 votos, y no 14, son “mayoría calificada”.

De acuerdo con Cuevas López, la designación “se aprobó violándose el procedimiento legislativo, al dársele el tratamiento de asunto de urgente y obvia resolución por el voto de solo 13 de los 20 diputados presentes, es decir, sin alcanzar la mayoría calificada que exige el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”.

En la controversia constitucional 354/2019, ingresada el 5 de diciembre la magistrada presidente  insistió que la designación de Jiménez Serafín tiene  “vicios legislativos” que deberían ser objeto de invalidez.

La controversia fue turnada al ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá determinar sobre la admisión o no de la demanda. 

Cabe destacar que la ratificación por ocho años más de Jiménez Serafín, quien había solicitado licencia a la magistratura para ser representante del Poder Ejecutivo ante ahora extinto Consejo de la Judicatura, fue en cumplimiento de un juicio de amparo ganado por la juzgadora, luego de que le fue negado por el Congreso su designación por un segundo periodo.

Además, su reincorporación al TSJ inclinó la balanza numérica a favor del bando de magistrados disidentes, que ahora cuenta con 10 miembros, contra nueve del grupo de Cuevas López.  

 

 

Domingo, 08 Diciembre 2019 06:22

Estrena sede la CDHEM

El organismo defensor de derechos humanos también tiene nuevo logotipo 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos estrenó nueva sede e imagen, a cinco meses de la gestión de ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz.

Llaman a evitar intereses particulares en torno a dicha instancia.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP) hizo un llamado a respetar la ley y evitar que dentro del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA) se construyan “intereses de camarillas”. 

Sin pronunciarse sobre la legalidad o no del nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaria Ejecutiva del SEA -lo cual generó discordia entre los miembros del sistema- lamentó que los ciudadanos hayan sido relegados en un tema tan importante y que las decisiones se concentren solo en un grupo de personas, “incluso nos referimos a las elecciones que hacen los poderes públicos sin consulta a la sociedad civil, sin convocatoria y sin evaluaciones probadamente imparciales”.

A través de una misiva a la opinión pública, firmada por el presidente de la FCAP, Daniel Espina Pérez, lamentó que los procesos de elección de servidores públicos se convierta “en un acaparamiento faccioso del poder público, sin que se pueda garantizar que su ejercicio sea para el bien de toda la ciudadanía, lo cual ha provocado que existan poderes conformados más por intereses particulares que por un interés común para beneficio de la sociedad”.

Ante la crisis prolongada del SEA, que se encuentra prácticamente paralizado desde el 2016, hizo un llamado para que se actúe y tomen decisiones con base en la ley, inclusivas y sin crear intereses personales y grupales.

“Hacemos un llamado a quienes hoy se ostentan como representantes del Sistema Anticorrupción en Morelos, al Pleno del Congreso del Estado, al Ejecutivo del Estado, y a todas las instituciones públicas que tienen injerencia en el Sistema Estatal Anticorrupción a que se apeguen a los principios ético democráticos que son opuestos a la discrecionalidad y a evitar que la designación de los cargos públicos sea hecha a espaldas del Pueblo Morelense. 

“Es de observarse que los tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 Apartado B fracción VII, obligan al poder público en México a generar convocatorias abiertas a todo ciudadano, evaluaciones en condiciones de igualdad, para garantizar que en todo momento se va a gestionar realmente la justicia, la paz social, el desarrollo, y no solamente los intereses de camarillas. Ya basta de que nuestras leyes sean letra muerta para los ambiciosos que buscan como acomodarse a esa legislación a fin de sacar provecho particular, en todos los cargos y poderes”, concluyó.

 

 

Cuatro exfuncionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Los ex secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Einar Contreras Macbeath, y varios funcionarios más quedaron  vinculados a proceso, luego de sendas resoluciones de la Sala del Circuito Único en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

En el primer caso, la fiscalía informó que la sala revocó la resolución de un juez de control (que decretó la no vinculación) y consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso penal al ex secretario de despacho durante la gestión del ex gobernador, Graco Ramírez Abreu; a Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Sustentable; y Sergio “N” y José “N”, ex subsecretarios de la Secretaría de Obras Públicas estatal. 

Los cuatro ex funcionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en la que el gobierno del estado invirtió una cantidad millonaria sin que la obra fuese concluida.

De acuerdo con la fiscalía, por la planta valorizadora de residuos, ubicada en la comunidad de “El Zarco” del municipio de Yautepec, el gobierno estatal pagó a una empresa constructora 13 millones 800 mil pesos, pero a pesar de que se pagó el total del costo, la obra quedó trunca al 40 por ciento de su construcción y así fue recibida por los ex funcionarios estatales acusados. 

Por ello, el ex secretario y el ex subsecretario de Desarrollo Sustentable, así como dos ex subsecretarios de Obras Públicas, quedaron vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018. La resolución puede ser impugnada ante la justicia federal. 

En un segundo caso,  la sala confirmó el auto de vinculación a proceso de Medina Izquierdo y Contreras Macbeath, así como de Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable; Lucero “N”, ex directora de Obras Públicas y Marco “N” ex supervisor de obra.

Este caso está relacionado con la causa penal JC/330/2019, sobre la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, pero tampoco fue concluida.

 

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