Cuernavaca, Morelos.- El gobierno del estado propone la incorporación del suelo social (ejidal y comunal) a desarrollo urbano y abrir paso a las empresas constructoras de vivienda en Morelos.

En la iniciativa preferente que presentó al Congreso del estado el pasado 1 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo planteó modificaciones al decreto 191, por el que se creó la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, a fin de otorgarle mayores facultades al organismo para "la constitución de reservas territoriales y la administración y promoción del suelo urbano y urbanizable, apto para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, servicios públicos, privados, turísticos y vivienda".

Para lo anterior, el organismo descentralizado tendría facultades jurídicas para la regularización de la tenencia de la tierra, en los predios donde existan asentamientos irregulares.

Además, podrá adquirir los terrenos necesarios, por cualquier título o medio legal, para el cumplimiento de sus fines, así como aprovechar para ello aquellos del dominio privado del Estado que el Poder Ejecutivo le asigne en patrimonio y que, por su naturaleza, sean susceptibles de ser destinados a la solución de problemas de vivienda; enajenar bienes territoriales que formen parte de su patrimonio; celebrar operaciones de compra y venta, promesa de venta, fideicomisos, arrendamientos, hipoteca, garantía de créditos o de cualquier otra naturaleza; gestionar ante las instituciones de crédito facultades para el efecto, los financiamientos que requiera para el logro de sus finalidades; entre otras acciones.

Entre otras facultades, el organismo podrá fomentar la constitución de inmobiliarias sociales e incluso podrá llevar a cabo el desarrollo de viviendas.

Incluso, en un transitorio de la misma iniciativa de decreto, se plantea que el titular del Poder Ejecutivo podrá designar y aportar a favor de la Comisión de Reservas Territoriales los bienes inmuebles del patrimonio del Estado.

Además de ampliar facultades al organismo, éste sería sectorizado a una Secretaría del Gobierno del estado, que según se ha informado, sería a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Los diputados tienen 40 días, contados a partir del 1 de febrero, para analizar y someter a votación la iniciativa preferente del gobernador, que en esta ocasión son dos las que impulsó el mandatario estatal.