Cuernavaca, Morelos.- El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional para que el Ayuntamiento de Cuernavaca tome el control de la Policía y ésta no opere a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Fue el 24 de febrero cuando la SCJN admitió a trámite la controversia promovida por el Ayuntamiento de Cuernavaca en contra de la negativa del gobierno del estado a dar por terminado el Convenio del Mando Único Policial, y contra la aplicación del decreto por el cual el gobernador asume el mando de la Policía municipal.
La justificación legal que dieron las autoridades municipales fue que es inconstitucional y representa una invasión a las competencias del municipio el hecho de que el Ejecutivo mantenga el mando sobre la Policía, aunado al "fracaso evidente" del modelo del Mando Único y el hecho de que el gobierno del estado utilice arbitrariamente el mando y los recursos de las instituciones de seguridad, a pesar de que es el Ayuntamiento quien está a cargo de la parte administrativa y paga a los elementos policiacos.
El edil mostró con gráficas cómo se ha incrementado la incidencia delictiva, principalmente en secuestros y extorsiones, desde que la Policía municipal está a cargo de la CESP.
Refirió, por ejemplo, que en el 2010 el total de delitos por cada 100 mil habitantes era de 19 mil 333, cifra que se disparó a partir del 2013 (año en que se implementó el Mando Único) en el que se registraron 26 mil 929 delitos y para el 2014 la estadística marcaba que por cada 100 mil habitantes se registraban 32 mil 357 delitos.
Los delitos más frecuentes, según las cifras proporcionadas, son homicidio, extorsión y secuestro. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos en Morelos tuvieron la siguiente evolución: en el 2014 se registraron 416, en el 2015 495 y en el 2016 fueron 616.
Finalmente, y durante su discurso, Cuauhtémoc Blanco incluso abrió la posibilidad de abrir el diálogo con el gobierno estatal, siempre y cuando sea para diseñar un nuevo mecanismo definido y transparente de cooperación y colaboración en materia de seguridad pública.
