El próximo año habrá un nuevo fiscal general del estado, tras la reforma constitucional que el Congreso local aprobó para dotar de autonomía  a la Fiscalía General del Estado, que dejaría de depender del Poder Ejecutivo.

Mediante una modificación al artículo 79-A de la Constitución Política del Estado, los legisladores establecieron que la Fiscalía General es un órgano constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

En base a lo anterior, también establecieron nuevos requisitos para designar y remover al titular de la dependencia, por lo que el próximo año, una vez que la reforma sea aprobada por los 33 cabildos y se emita la declaratoria de validez, el Poder Ejecutivo deberá (en un plazo de 20 días, a partir de la publicación del decreto) enviar una terna para elegir a un nuevo fiscal, lo que podría suceder en febrero.

El nuevo fiscal general del estado durará nueve años en el cargo, de acuerdo a la reforma aprobada por los legisladores locales, y podrá ser removido "por las causas graves que establezca la ley".

Dentro del mismo dictamen, los diputados establecieron que el titular de la Entidad Superior de Auditoría Superior de Auditoría y Fiscalización podrá durar ocho años en el cargo y podrá ser removido por el Congreso local "por causas graves".