De acuerdo con el expediente 274/2010, el Primer Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia dictada en el expediente 295/2010 del Juzgado Segundo de Distrito, por la cual se concede la protección de la justicia federal al polémico edil, que durante su administración fue criticado por presunto derroche y malversación de recursos públicos.

Las autoridades federales consideraron que procedía amparar al ex presidente municipal contra la amonestación que le impuso el órgano, debido a que se le requirió documentos como requisito de comprobación de gastos de la cuenta pública 2009 y el ex funcionario se negó a entregarlos en tiempo y forma.

No obstante, el procedimiento de revisión de la cuenta pública sigue su curso en la Auditoría Superior de Fiscalización.