El gobierno del estado presentó 17 expedientes ante la Fiscalía Anticorrupción; no se darán nombres “para cuidar el debido proceso”.

El hombre que recibió las denuncias fue impuesto por Graco Ramírez, de quien fue funcionario.

El gobierno del estado presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 17 denuncias por hechos que podrían constituir ilícitos cometidos por ex servidores públicos de la administración pasada, por el manejo de recursos en obras públicas que sumarían más de mil 640 millones de pesos.

La semana pasada se inició un proceso igual relativo a los Servicios de Salud de Morelos, pero podrían sumarse más en los próximos días, adelantó el jefe de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

Este lunes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía los representantes del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo: Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, y el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés, quienes entregaron 17 expedientes relacionados con varias obras que contienen indicios de posibles delitos. Estimaron que las posibles anomalías podrían sumar mil 648 millones de pesos.

Ante el fiscal Juan Salazar Núñez, Sanz Rivera señaló que las denuncias están relacionadas con obras públicas “contra ex funcionarios”, y es sólo el comienzo de lo que habrá de suceder en este gobierno, ya que continúan las auditorías y revisiones en las diferentes áreas y cada semana se abrirán más casos. Adelantó que la consejería jurídica ya trabaja en alrededor de 27 expedientes que se darán a conocer en su momento oportuno.

“No es que sea el compromiso que se hizo, porque nos habría encantado que no fuera necesario. Habríamos deseado tener un gobierno de Morelos anterior transparente. Pero como estamos viendo las cosas y, como ustedes lo han sabido, habrán de salir muchísimo más, porque hay muchas situaciones preocupantes, como el hecho de que el Congreso del estado no tiene ni archivo y en el tema de seguridad, otros temas”, abundó Sanz Rivera.

Samuel Sotelo explicó que se entregaron 17 denuncias para determinar quienes pudieron haber tenido participación en los hechos, y consideró que están debidamente sustentadas. Posteriormente se presentarán más expedientes por hechos relacionados con quienes han sido servidores públicos.

Las conductas deberán ser tipificadas o encuadradas por el ministerio público como delitos, entre los cuales comentaron “ejercicio indebido de la función pública”, “cohecho”, entre otros.

El fiscal anticorrupción –quien en su momento fue señalado por ser “cercano” e “impuesto” por el entonces gobernador Graco Ramírez-, aseguró que se actuará en apego a derecho. Dijo que en la integración de las carpetas de investigación participarán los abogados que designe el Ejecutivo en calidad de víctima, en condiciones de igualdad a la defensa de los posibles imputados. Dejó en claro que ambas partes tendrán acceso a las diligencias y expedientes como lo señala la norma.

Exhortó a los medios de comunicación a que sean vigilantes, pero dejó ver que se mantendrá hermetismo respecto a los procesos, al exponer la petición de que se le permita hacer su trabajo en los términos que la ley lo indica, “cuidando el debido proceso”, reservando identidades y demás datos o detalles. “La única forma de dar a conocer es una vez judicializado y en audiencia pública cuando se puede dar a conocer los nombres de los imputados y algunos otros detalles”, subrayó.  

Aseguró que el consejero jurídico tendrá total transparencia y actuarán para llegar a la verdad y, de ser procedente, llevar los casos ante las instancias legales pertinentes.

Sanz Rivera comentó que se deberá guardar la confidencialidad, “porque si mencionamos nombres y más datos, mañana saldrán algunos de los responsables amparados”.

Sostuvo que la ciudadanía debe saber que el actual gobierno cumplirá lo que marca la ley. “Nos damos cuenta día a día de las cosas que han ocurrido en el gobierno de Graco Ramírez… estamos hablando de cosas graves, no sólo administrativas, sino también sociales, como este clima de inseguridad que vivimos y que nos dejaron sembrado en el gobierno anterior. Las cuestiones administrativas serán analizadas secretaría por secretaría, porque no se pueden imaginar todo lo que hay. Tenemos que sustentarlo para que el fiscal haga su trabajo y que haya justicia”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura reiteró que el estado se encuentra “en situación de quiebra financiera”, en condiciones graves de inseguridad y otras condiciones propiciadas por el anterior gobierno del estado. “Es increíble que en este momento haya situaciones, como mensajes de Whats App de Elena Cepeda a los empleados del DIF diciéndoles: a ver si soy tu amiga y a ver si me comunicas cosas, es algo increíble. Ustedes no saben lo que se vive dentro del gobierno del estado, que quieran crear una inestabilidad total en el estado y no lo vamos a permitir, tenemos la fuerza, la voluntad de trabajo, aunque sea 24 horas… para hacer justicia y los ciudadanos se sientan y comprendan que en este gobierno habrá justicia de principio a fin”.