El titular de la Comisión Estatal de Seguridad hace un recuento de los daños recibidos del gobierno graquista y la necesidad de incrementar el presupuesto para superarlos.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, justificó la propuesta de incremento presupuestal a la CES por más de dos mil millones de pesos para el próximo año, ante la necesidad de renovar patrullas, contratar más personal, adquirir equipo para labores de inteligencia y enfrentar los adeudos y pasivos heredados por la anterior administración.

Indicó que la CES tuvo este año un presupuesto aproximado de 700 millones de pesos, y la propuesta es que la entidad aporte la misma cantidad para el 2019 pero sólo para solventar el gasto corriente y el resto sea aportado por la Federación.

“Nosotros tenemos asignado poco más de 700 millones de pesos para gasto corriente de la Comisión Estatal de Seguridad, sin embargo, en el estudio que hemos elevado y que hemos propuesto de un incremento, es para fortalecer el C-5, mejorar las patrullas y dar de baja las que tienen más de 500 mil kilómetros y que ya no es costeable su reparación”.

“Pero además de eso, lo que es la inteligencia, (comprar) equipos de inteligencia, contratación de personal para reforzar el órgano que tenemos de control y confianza. Reforzar a los que se dedican a la prevención del delito, tenemos únicamente nueve gentes que andan por todo el estado”.

“Entonces, necesitamos más vehículos, más personal y todo eso ya se planteó. Está ahorita en manos de la autoridad correspondiente, lo que es elevarle la petición a la Federación, porque el estado nos va a dar nada más gasto corriente, que son poco más de 700 millones de pesos”, explicó.

Precisó que la meta para el próximo año es lograr la instalación y funcionamiento de dos mil cámaras de videovigilancia, ya que de las mil 700 que dijo la administración anterior que se tenían, únicamente hay mil dos, y de éstas, sólo 948 están en funcionamiento, porque el resto están en reparación o inservibles.

De las 457 patrullas de la CES, por lo menos el 50% amerita reparación y hasta reemplazo, pero mientras, las unidades son sometidas a revisión mecánica para determinar cuáles son susceptibles de arreglo y cuántas deben ser sustituidas por nuevas.

A esto se suman, comentó Ortiz Guarneros, los pasivos y adeudos que dejó su antecesor Alberto Capella Ibarra, por más de 60 millones de pesos.

De acuerdo con el comisionado, la CES adeuda aproximadamente 50 millones de pesos a la empresa que suministra el servicio de señal y datos a las cámaras de videovigilancia; debe más de 10 millones de pesos a policías estatales por concepto de vacaciones no tomadas y otros cinco millones por el mismo concepto a elementos de la Policía Industrial Bancaria (PIBA).

Adicionalmente, la empresa proveedora de las torres móviles, conocidas como “nido de águila”, reclamó recientemente a la CES un adeudo de entre tres millones y cinco millones de pesos, pese a que no se concluyó la entrega de los aparatos.

Sin embargo, dijo, que se llegó a un acuerdo de cubrir la cantidad pendiente a cambio de entregar las torres armadas y en funcionamiento, pero insistió en que para enfrentar todos estos gastos es necesario triplicar el presupuesto de la CES.

Adelantó que en breve, la CES también promoverá sendas denuncias por las irregularidades administrativas heredadas por la anterior administración, pues se desconoce por qué quedaron pendientes tantos adeudos y si hubo presupuesto para cubrirlos.