Refirieron que por el hecho de contar con un proceso legal en su contra, precisamente por falsedad de información, al auditor se le restringen derechos políticos y civiles, lo que significa que no puede votar ni ocupar un cargo público, entre otras restricciones.

“Los diputados han sido omisos al mantener en el cargo a Casamata Gómez, pues desde que se le rechazó un amparo para protegerse de la orden de aprehensión, el Congreso debió notificarle la separación del cargo”, aseveró Daniel Barranco Guzmán, quien dijo ser asesor legal de los gobiernos de Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tepoztlán y Tlayacapan.

Añadió que ex autoridades municipales ya iniciaron recursos legales para evitar que cualquier determinación hecha por la Auditoría Superior de Fiscalización, a cargo de Gerardo Casamata Gómez, no surta efecto. Tales como sanciones administrativas y económicas por posibles desvíos de recursos y lo más grave denuncias ante la Procuraduría General de Justicia.

“Ya presentamos varias demandas de amparo que se están tramitando precisamente por la omisión del Congreso en la suspensión, este de suspender al contador Gerardo Casamata Gómez”, añadió el abogado.

Incluso, Josué Rodolfo Tapia, otro abogado y asesor supuestamente de gobiernos municipales, dijo que la Procuraduría General de Justicia debe revisar bien cada denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de Fiscalización, sobre todo porque se corre el riesgo de que los procesos iniciados después del 23 de marzo queden sin efecto.

“La Procuraduría tendrá que averiguar si el auditor ha estado incurriendo en una conducta delictiva, porque el Código Penal del estado prevé conductas delictivas a cargo de aquellos servidores públicos que sabiendo que han sido suspendidos del ejercicio de sus funciones las continúan desempeñando, lo que podría terminar en un procedimiento penal”, aseveró.