Dijo que al Congreso del estado llegaron ya notificaciones de varios juicios de amparo interpuestos por servidores públicos municipales, sujetos a un proceso de sanción administrativa o penal, por supuestos desvíos de recursos y que pretenden evadir dicha responsabilidad, al asegurar que el auditor no está en condiciones de asumir el cargo y por tal situación sus determinaciones quedan sin efecto.

“Alrededor de seis amparos diferentes, platicamos con el jurídico del propio Congreso del estado, mismo que decía que si bien es cierto que se suspenden los derechos políticos pero no los laborales. Sin embargo, también algo que es importante, es que quien esté en un órgano tan importante no puede estar cuestionado”.

El diputado Salazar Solorio explicó que primero se escuchará a Casamata Gómez antes de tomar una determinación, aunque aseguró que el Congreso debe tomar una decisión, también porque existen demandas sociales que han solicitado la salida del funcionario.

Al respecto, el diputado Jorge Arizmendi García aseguró que la bancada del PRI acordó respaldar la salida del auditor y por eso dijo que es necesario el resto de los diputados también tomen una decisión que no ponga en riesgo el trabajo del órgano auditor.

“La ley reclama que hagamos un análisis de las circunstancias jurídicas en las que está involucrado el auditor gubernamental… Ya lo han solicitado diferentes grupos sociales y hoy definitivamente el tema es su remoción, eso es lo que ha analizado el grupo parlamentario”.

Arizmendi García afirmó que el auditor tiene varias situaciones que explicar e informar, como revisiones a las cuentas públicas de diversos ayuntamientos y a la del gobierno estatal, en la que se presumen irregularidades en el ejercicio de montos millonarios.

No obstante, según los diputados locales la discusión de quién sucederá a Gerardo Casamata Gómez aún no está a discusión, pues tienen que esperar a escuchar la versión del auditor, a quien por ley le falta más de un año en el cargo.