El titular de la dependencia estatal, César Santana Nava, informó que de estas anomalías tendrían responsabilidad los ex titulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte, por haber autorizado el proceso de regularización mediante  presuntos actos de corrupción.

Dichas observaciones se derivaron del proceso de investigación que inició la Contraloría del estado en noviembre del 2017 y que concluyó en el mes de enero pasado.

Santana Nava explicó que el asunto se ha turnado a  la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Contraloría, que definirá si las irregularidades ameritan iniciar una demanda ante el  Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), además de las denuncias penales que se podrían interponer por los presuntos delitos cometidos.

El contralor explicó que algunas de las irregularidades detectadas tienen que ver con la expedición de permisos para circular destinados a vehículos particulares, no para la prestación del servicio público. De igual forma, un gran número de los expedientes de los transportistas beneficiados no estuvieron integrados de acuerdo con lo que marca la Ley del Transporte del Estado.

El proceso de regularización de taxis inició en enero del 2014 y hasta la fecha no ha concluido, por las irregularidades detectadas. En el 2018, el gobierno de Graco Ramírez admitió dichas anomalías y ordenó reponer el proceso.
Tales vicios han propiciado que de los más de tres mil 500 beneficiarios sólo cerca de la mitad hayan recibido sus títulos de concesión.

El proceso fue ordenado por el secretario de Movilidad y Transporte Manuel Santiago Quijano, pero de la expedición ilegal de permisos se encargó Jorge Messeguer Guillén, quien también fue titular de la dependencia.