Mediante un oficio fechado el 10 de enero de 2011, el TCA solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para ejecutar el arresto por 36 horas del alcalde Jorge Martínez Urioso y del síndico procurador del municipio, Humberto Prudencio Ríos Flores, ambos de extracción perredista.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa, el TCA tiene facultades para aplicar medidas de apremio y disciplinarias para hacer cumplir sus resoluciones. Las medidas van desde una amonestación hasta el arresto y el auxilio de la fuerza pública.

El arresto de los dos servidores públicos fue ordenado debido a que incurrieron en reiterada resistencia para cumplir con la sentencia del expediente TCA/2aS/11/08 por no indemnizar con la cantidad de 309 mil 986 pesos al policía Óscar Bastida Zúñiga, quien fue despedido tras haber sufrido un accidente durante el cumplimiento de su deber, y negarse a reinstalar al ex agente en un puesto acorde a la discapacidad física que padece derivada del riesgo del trabajo sufrido.

De acuerdo con la defensa del ex policía, el TCA había agotado algunas medidas de apremio y disciplinarias sin éxito, pero el Ayuntamiento de Tlaquiltenango mantuvo su postura de desacato a la sentencia del tribunal administrativo.

Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública está obligada a auxiliar al TCA para llevar a cabo a la brevedad el arresto del presidente municipal y del síndico procurador. Los funcionarios podrían evitar el arresto sólo si cumplen de inmediato con la sentencia u obtienen una suspensión de un juzgado federal contra la medida.