Manuel Levi Peza, analista político, considera al voto nulo, como una “salida a la hipocresía y la difumación ideológica, ya que es un recurso ante el rechazo a los excesos de partidos y candidatos, que evita que el voto pueda quedar en “manos de mapaches electorales”, luego de que continúa la compraventa de sufragios mediante métodos cada vez más ingeniosos.

El estado de Morelos ha sido un “laboratorio nacional” de experimentos políticos que posteriormente se aplicaron en los escenarios nacionales, luego de los resultados de 2009, donde la sociedad determinó redireccionar la representación popular, el conflicto postelectoral se sustituyó casi en forma inmediata por el preelectoral y en esta ocasión, apenas se conocieron los resultados del primer domingo de julio de 2006, las tres fuerzas con mayor peso en la sociedad PRI, PAN y PRD, dieron inicio aún sin revisar donde fueron ubicados con el proceso de cara a la elección de 20012.

El Partido de la Revolución Democrática se convirtió en tercera fuerza, con mínimos resultados electorales, conserva un espacio en el Senado que la sociedad le otorgó en 2006, perdió todos los distritos federales y los locales, sólo tiene 3 legisladores en el Congreso local y 3 presidencias municipales y un reducido número de regidores.

El Partido Acción Nacional perdió todos los distritos federales, conserva lo obtenido en 2006, la gubernatura y dos escaños en el Senado, logra colocar un diputado federal plurinominal, triunfa en 3 de 18 distritos locales y conserva 7 alcaldías, lo que provoca diferencias al interior de la organización, este resultado similar al que obtuvieron a nivel nacional, provocó a los pocos meses la salida de César Nava de la dirigencia nacional; aquí el presidente Germán Castañón se mantuvo y será quien esté al frente de ese partido en el proceso de 2012, un ejemplo de lo que sucede lo fue la decisión panista desde que conocieron el resultado de 2006, de negarse durante una semana a aceptar la derrota en Cuernavaca, y a través de argumentos legales entretener la entrega de la constancia de mayoría al candidato del PRI.

El Partido Revolucionario Institucional logró remontar el tercer sitio que obtuvo en 2006 y convertirse en la primera fuerza política del estado, es la primera ocasión que no existe un senador priista por Morelos, sin embargo a partir del 2009 se convierte en el enemigo a vencer al pasar de una a cinco diputados federales, de perder en todos los distritos locales en 2006 a triunfar en 15 de 18 en 2009, y al ganar16 presidencias municipales entre las que destaca la capital del Estado.

Han pasado 18 meses de la última elección y faltan 18 meses para la siguiente, el acomodo de fuerzas ha sido dinámico, el que mayor movimiento ha tenido en su interior ha sido el PRI, pasaron 15 meses del resultado de la elección para que lograran construir un comité directivo estatal, lo que provocó una serie de enfrentamientos y alianzas entre priistas.

El Partido de la Revolución Democrática conservó hasta hoy como presidente a Juan Ángel Flores; el Partido Acción Nacional determinó ratificar a Germán Castañón Galaviz y luego del conflicto postelectoral, en el que desaparecieron del escenario algunos de los que se mantuvieron activos durante los 10 años previos, la organización sigue trabajando rumbo al 2012, el que mayor actividad registra es el Partido Revolucionario Institucional.

Para entender hasta donde podrá avanzar la democracia en Morelos, hay que observar su historia reciente, la ubicación de cada uno de los institutos y actores políticos así como su vinculación con el escenario nacional, sobre todo cuando se trata de un proceso electoral concurrente que se contamina con los acontecimientos nacionales como ha quedado demostrado desde el 2000.

LA SITUACIÓN DEL PRI

Luego de la elección de 1997, el entonces diputado federal Víctor Samuel Palma, preguntó: “¿hay que imaginar a este país sin el PRI?” Aquella consigna resurge luego de que se conocen los resultados de 2009 y se comparan con la crisis del 2006, ese instituto político vivió, otro momento singular en su historia: sustituir en el triunfo a su dirigencia estatal, tema que fue más complejo de lo esperado.

Pocos días antes de la elección el presidente del PAN Germán Castañón y el presidente del PRI Guillermo del Valle “apostaron cabezas”, se comprometieron a que renunciaría el que perdiera la elección, en aquel momento el resultado era incierto, el partido en el gobierno era Acción Nacional, y Del Valle era presidente del PRI en 2006, ambos hicieron pública su intención de cumplir lo pactado; Del Valle “con o sin apuesta” terminaba ahí su gestión al frente del PRI, estaba incluido en primer lugar en la lista de legisladores locales plurinominales.

Desde que concluyó la elección, Guillermo del Valle, Laura Ocampo y Samuel Palma advirtieron la posibilidad de no ingresar al Congreso local, debido al éxito del PRI en la jornada electoral, el que su partido triunfara en 15 distritos complicaba su arribo al Palacio Legislativo, por lo que primero rindieron protesta y luego de un mandato de los tribunales federales quedaron al margen y la determinación fue reconsiderada, lo que complicó su salida del PRI,

Partiendo del principio de que Del Valle arribara al Congreso local y Maricela Sánchez al federal también por la vía plurinominal, a la cual tampoco llegó porque su partido triunfó en muchos distritos en la circunscripción, se consideró la posibilidad de que el presidente del PRI fuera el coordinador de la campaña de Manuel Martínez Garrigós (Víctor Saucedo Perdomo), sin embargo surgieron otros precandidatos y el asunto se fue complicando y alargando la determinación.

También se consideró desde el centro del país la posibilidad de que el presidente, mediante un acuerdo de unidad, fuera Samuel Palma, luego de varios meses de pugnas, se acordó que se realizara una consulta a la base, porque así lo exigieron dos grupos: el del diputado Amado Orihuela y el de Maricela Sánchez y Guillermo del Valle, éstos últimos impulsaron al diputado local Julio Espín como abanderado y a Maricela como secretaria general.

Para esta consulta se registraron tres candidatos: Amado Orihuela, quien contó con el apoyo de la mayoría de los legisladores y presidentes municipales; Julio Espín, con el apoyo de la dirigencia saliente; y el diputado Jaime Sánchez Vélez, quien realizó una campaña austera y siempre convocando a la unidad de los contendientes, aunque se registraron 120 mil posibles votantes, el día de la jornada apenas accedieron 70 mil, de los cuales más de 40 mil le dieron el triunfo a Orihuela Trejo y cerca de 25 mil a favor de Julio Espín.

Este Comité Estatal enfrenta señalamientos y reclamos desde que tomó protesta, un ejemplo de ello son las declaraciones realizadas por Jorge Meade Ocaranza, ex presidente estatal del PRI y ex delegado en varias entidades, al reclamarle directamente que presente su plan de trabajo para los próximos meses, mediante el cual se pretende posicionar al partido y a sus precandidatos en el ánimo de los electores.

Según analistas, en los noventa el PRI no estaba preparado para la derrota y 15 años después no está preparado para administrar el triunfo.

El Partido de la Revolución Democrática, a través de Graco Ramírez, ha realizado una intensa campaña de acercamiento social con la que consideran se ubican en condiciones de competir en el 2012 por la gubernatura, siempre y cuando su candidato sea el senador nativo de Tabasco. El PAN mantiene la proyección de la imagen del gobierno estatal y de los resultados en diversos rubros de la actual administración, en tanto que el PRI se ha convertido en el “enemigo a vencer” por parte de esas fuerzas y la falta de unidad y de proyecto de ese partido los ha colocado en condiciones bajo las cuales ninguna de las tres fuerzas y ninguno de los candidatos que puedan surgir de estas puede asegurar hoy que triunfara en una elección concurrente que se realizará en año y medio. Estos temas han superado los que a consideración de algunos, son básicos para confirmar a la democracia como el método mediante el cual se toman las decisiones en torno a los grandes temas nacionales.

LOS PARTIDOS NO PUEDEN EXCUSARSE

Para Samuel Palma en la actualidad la pluralidad ya se cumplió. Existen bases de equidad en los medios y en las finanzas para la participación de los partidos en las contiendas electorales, a la alternancia se arribó desde 1989 cuando se reconoció el triunfo del Partido Acción Nacional en Baja California, y al 2000 a la Presidencia, sin embargo ha crecido el desencanto como consecuencia de que luego de la llegada de la democracia los problemas de desigualdad, pobreza y corrupción se han incrementado, no hay avances en la calidad de vida de los pobladores.

Recuerda que durante los tiempos de la hegemonía, existió una confrontación entre la iniciativa privada y el gobierno, cuando se consideró al Estado un instrumento de dominación de los poderosos, se requería de instrumentos para no ser rehenes de los capitales, advierte, y señala que con el arribo del neoliberalismo se deja crecer el mercado, se pierde la capacidad regulatoría en muchas actividades, hoy sólo regula petróleo y energía eléctrica, y es cuando surgen los poderes fácticos que domestican y someten al Estado.

Al señalar que los partidos no pueden excusarse de su responsabilidad, advierte que el estado está en crisis para representar el interés público, generar desarrollo y garantizar justicia y el cumplimiento de la ley para todos, por ello los partidos carecen de credibilidad y observan como se exhiben sus excesos y se advierte la pérdida de los principios que deben animar su desempeño.

Ante los políticos sin autoridad y los partidos sin credibilidad, combinados con el surgimiento dinámico de las redes sociales, están generadas las condiciones para la rebelión de las masas a través de los nuevos instrumentos de comunicación, por ello, dijo el ex legislador priista, los partidos deben reaccionar, ya que están al límite: o desaparecen o recuperan su capacidad de representar legítimamente a la sociedad.

Sobre el panorama actual establece, que “no hay peor destino en un país que fractura su vida pública y aceptar que se pierda la expectativa de organizar la convivencia en uso de las libertades”.

A este escenario, le sigue la imposición y el autoritarismo que permite aceptar por la puerta de atrás, que resolveremos los problemas con la violencia y el narcotráfico mediante el adelgazamiento de los derechos humanos, generando el despliegue del poder militar sobre el desprestigio de los políticos, otorgando un poder sin freno al gobierno.

En marzo de 2010, Samuel Palma publicó un análisis sobre la Reforma Política que en aquel momento envió al Congreso el presidente Felipe Calderón, y sobre la misma reconoce objetivos loables, entre los que destacan: la reelección consecutiva de legisladores federales, la reducción del número de integrantes tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, incremento del porcentaje de votos requerido para que un partido mantenga su registro, incorporación de la figura de Iniciativa Ciudadana para presentar propuestas de ley al Congreso y la segunda vuelta en elecciones para presidente de la república.

Sin embargo señala que la reforma política debe tener claridad en su propósito y en sus intenciones, en tanto su materia es introducir modificaciones al sistema político lo cual es singularmente complejo y delicado, ya que implica la afectación de prácticas, funciones y procesos cuya alteración debe tener un diseño preciso y bien planeado, si no se pueden generar resultados opuestos a los esperados.

Cuestiona la intención de refuncionalizar el régimen presidencial, como lo establecen las propuestas encaminadas a otorgar nuevas facultades al Presidente, sin una clara correspondencia hacia el Congreso, y señala que en este punto se debe ir de la alternancia a la transición o el cambio de régimen político y por tanto se rechaza la intención de alternancia sin transición.

Al concluir este análisis, el ex asesor de Luis Donaldo Colossio señala que es posible identificar los rasgos que parecen estar detrás de aquella propuesta presidencial: aislar al PRI para derrotarlo, modificar el multipartidismo, vulnerar a los partidos y hacer prevalecer los grupos de interés de carácter privado dentro de un contexto en el que se afirmen y amplíen las facultades presidenciales sin un contrapeso correspondiente en el Congreso. En síntesis, esa visión significa la amenaza mal disfrazada de un mal retorno a la etapa hegemónica de un partido, pero ahora de tendencia de derecha y de carácter conservador, al tiempo de delinear una burda reedición del viejo presidencialismo.

Desde una pretendida óptica a favor de los ciudadanos, la propuesta “presidencial intenta ocultar sus verdaderos intereses y ganar la opinión pública”. Ante ello, es urgente insistir en la necesidad de completar la alternancia con el cambio de régimen político como instrumento fundamental de la democratización del país.

PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y LA INICITIVA POPULAR

Según la Constitución Política del Estado de Morelos, en el artículo 19 se reconocen tres métodos de participación ciudadana:

El plebiscito es la consulta a los ciudadanos para que expresen su previa aprobación o rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, que sean considerados como trascendentes para la vida pública del Estado o de los municipios.

El Referéndum es el proceso mediante el cual los ciudadanos morelenses manifiestan su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política del Estado, a las leyes que expida el Congreso del Estado o a los reglamentos y bandos que emitan los ayuntamientos. Corresponde al Instituto Estatal Electoral hacerse cargo del desarrollo operativo de los procesos de plebiscito y referéndum.

Y la iniciativa popular es el medio por el cual los ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al Congreso del Estado, al titular del Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos, en el primer caso, proyectos de modificación a la Constitución Política del Estado en los casos establecidos en este artículo, así como de leyes o decretos para la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de disposiciones normativas en el ámbito estatal. En los dos últimos casos, para la presentación de proyectos que creen, reformen, adicionen, deroguen o abroguen decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas en las materias de su respectiva competencia. En todos los casos la autoridad ante la que se promueva la iniciativa popular, estará obligada invariablemente a dar respuesta a los solicitantes, en un plazo no mayor de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción de la iniciativa.

El Instituto Estatal Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana serán los organismos encargados de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de referéndum y plebiscito que les sean solicitados de conformidad con la presente Constitución y la ley de la materia.

El Consejo es el organismo encargado de calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum que se presenten. Para llevar a cabo los procesos de referéndum y plebiscito, el Consejo de Participación Ciudadana coadyuvará con el Instituto Estatal Electoral.

Corresponde al Instituto Estatal Electoral hacerse cargo del desarrollo operativo de los procesos de plebiscito y referéndum.

Durante los últimos años, las Organizaciones No Gubernamentales y quienes pretender impulsar esquemas que permitan la participación política de los ciudadanos sin someterse a lineamientos de los partidos políticos, luego de que denuncian que durante los últimos años se ha construido un sistema de partidos que promueve la corrupción al no someter a estos organismos a una ley de partidos, exigen como principio que la realización de estos métodos de participación ciudadana sean mas ágiles, ya que una limitación difícil de remontar es la exigencia de que para convocar a una consulta de este tipo se requiere la presentación de una solicitud avalada por el 3% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, cifra similar a la que se necesita para conservar el registro como partido y para incluir un legislador en el Congreso.

A éstos se ha querido agregar la revocación de mandato. Un ejemplo es la declaración del dirigente estatal del PRD Juan Ángel Flores Bustamante, el pasado 14 de marzo, cuando señaló la necesidad de que el Congreso Local apruebe la Ley de Revocación de Mandato para que dejen el cargo aquello alcaldes y autoridades que no han trabajado bien y recuerda que su organización siempre ha impulsado esta figura. La declaración se da en torno a las críticas que hace su partido al desempeño del alcalde priista de Jojutla, Enrique Reteguín Morales.

Estas figuras de participación ciudadana sólo son incluidas en los discursos de los partidos políticos y de sus integrantes cuando se trata de advertir a los funcionarios de otras organizaciones que hay un conflicto que está partidizado y que pretenden “disfrazarlo” de participación ciudadana. Así fue desde que en Morelos se impulsó la Ley de Participación Ciudadana cuando los partidos políticos de oposición cumplieron una instrucción presidencial, “potencializar el desencanto social en torno de Jorge Carrillo Olea para justificar su salida del gobierno”. El PRD a través de una organización afín realizó una encuesta en donde el 90% de los ciudadanos pedían la salida del general. Según investigadores, estas figuras incomodan a quienes pretenden imponer el sistema de partidos.

EL VOTO NULO

Según la elección del 2009 en Morelos estaban registrados 1 millón 286 mil votantes y acudieron a sufragar 656 mil, los partidos que menos votos recibieron fueron el Partido Nueva Alianza con 34 mil 800 votos, lo que representa el 5.3% de los sufragios; y el Partido Social Demócrata con 19 mil 500, lo que le dio el 3%. Una cifra que no es tomada en cuenta son los votos nulos, que en esta ocasión fueron 34 mil 500, el 5.2%, 300 votos menos que el Panal y 15 mil más que el PSD.

El PSD perdió el registro y el Panal logró integrar un diputado al Congreso local.

El 5 de junio de 2009 el Instituto Federal Electoral (IFE) acordó con los partidos y representantes de la sociedad civil debatir el tema del “voto blanco o nulo”, el cual prácticamente fue rechazado por todos los institutos políticos del país.

La discusión del polémico tema se realizará en el foro “La promoción del voto: los partidos políticos, el IFE y la sociedad civil”, que se prevé inicie el lunes en la sede del máximo órgano electoral.

“Se busca que la sociedad cuente con información respecto a las ventajas, desventajas, aportaciones o debilidades de elegir, primero, entre ir o no a las urnas, y después elegir una opción específica o expresar un sentido de anulación del voto”, explicó en entrevista el consejero electoral Virgilio Andrade.

Aseguró que la postura central del IFE es que cada ciudadano es el que decide finalmente qué hacer con su derecho de votar.

Sobre el tema, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, pidió a la sociedad mexicana no desperdiciar la oportunidad de sufragar en las elecciones del 5 de julio.

Dijo que ésta es la única forma en la que los ciudadanos pueden participar directamente en la toma de decisiones públicas.

En este marco, las dirigencias nacionales de PRI, PAN, PRD y los “partidos emergentes” advirtieron que los llamados de algunos sectores a cancelar la boleta electoral se tornan peligrosos para la vida democrática del país.

Jesús Ortega, líder del PRD, aseguró que se trata de llamados “demagógicos y peligrosos”, ya que si se insiste en que la ciudadanía se aleje de los asuntos públicos y anule su voto, se contribuye “a sustituir sistemas democráticos por sistemas autoritarios”.

Aceptó que existe escepticismo en la sociedad, ya que en ocasiones los partidos no han cumplido plenamente con su deber y cometen errores, pero dijo que la solución no es alejar a los ciudadanos de las urnas. “Eso me parece altamente peligroso”.

Germán Martínez, presidente nacional del PAN, llamó a los partidos a “defender la trinchera de la participación” ciudadana.

Pidió a la sociedad no hacer caso de las voces que llaman a la anulación del voto y “acudir a las urnas a sufragar por el partido de su preferencia”.

El secretario general del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Aguilar, dijo que el exhorto al voto nulo debe ser un llamado de atención a los partidos.

Aseguró que en esta “campaña de castigo” se tiene que estar atento para evitar que algún partido salga beneficiado.

Los partidos Convergencia, PVEM y Socialdemócrata consideraron, por separado, que anular el voto sólo permitirá que los partidos dominantes (PRI, PAN y PRD) conserven como perpetuidad los cargos de elección popular.

Manuel Levi Peza establece la necesidad de que la democracia se fortalezca impulsando la participación directa de los ciudadanos y para ello es necesario consolidar la toma de decisiones desde el Poder Legislativo, para ello debe eliminarse el sistema bicameral, porque se ha convertido en cómplice del presidencialismo, debe crearse una representación territorial en el congreso que sustituya a la representación numérica, así en el Congreso de la Unión estarían representados los estados, y en los estados a través de los Congresos locales se representaría directamente a los municipios, con lo que se establece un principio de representación geográfica y no de partidos, con ello los cabildos serian innecesarios, según manifiesta, pues las decisiones se realizan directamente en las Cámaras. Otro paso importante es la sustitución de los institutos de investigaciones legislativas, por organismos especializados en cada uno de los temas, y serían éstos los encargados de analizar y realizar los proyectos que los representantes presentarían a los parlamentos.

Concluye señalando que ante lo limitado de la evolución de la vida política nacional, quienes no están de acuerdo con el desempeño pragmático y difuminado de partidos y representantes, al calificar el desempeño de los gobiernos seguirán recurriendo a la anulación del voto como medida pacífica de protesta, ante la discrecionalidad y la corrupción imperante.