Las empresas en Morelos se han visto afectadas financieramente por una serie de medidas gubernamentales, de carácter laboral, que complican su existencia.

Primero, el aumento al salario mínimo que, de 2019 a la fecha, subió de 88 a 207 pesos, incrementando a su vez el costo de prestaciones como aguinaldo, prima vacacional o vacaciones, y aumentando las cuotas de seguridad social si éstas se cotizaban en salarios mínimos.

En 2021 se modificó el reparto de utilidades (para hacer que más empresas pagaran este beneficio) y desaparece la subcontratación u outsourcing, lo que obligó a muchas empresas a contratar formalmente a quienes estaban bajo ese esquema.

En 2023 se incrementan de seis a 12 los días mínimos de vacaciones, así como aumentarán gradualmente las aportaciones empresariales al fondo de retiro de los trabajadores: era de 5.15% y deberá llegar a 13.875% en 2030.

Por último, ya se discute una nueva iniciativa para aumentar a dos los días de descanso obligatorio por semana, reduciendo así la jornada laboral.

Son excelentes noticias para los trabajadores: más ingresos y prestaciones; pero son malas noticias para las empresas: mayores costos laborales, que no siempre pueden trasladar a sus precios, pues ello depende del grado de competencia que hay en sus mercados, así como de la capacidad adquisitiva de sus clientes.

La Canirac Morelos expresó su descontento señalando que el gobierno y los legisladores promueven este tipo de medidas sin que las empresas reciban estímulos fiscales, créditos blandos u otros apoyos para su cumplimiento; ni tampoco hay, en correspondencia, una mejoría en los servicios que debe prestar el gobierno, como la seguridad pública.

La otra limitación de estas reformas es que solo se aplica a las empresas formales para beneficio de sus trabajadores, pero la economía informal, que representa el 56% del personal ocupado en Morelos, permanece ajeno a ellas.