Representantes de diversas comunidades indígenas en Morelos se pronunciaron en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso del estado, porque no garantiza el derecho a la representatividad de los pueblos y de los grupos vulnerables y significa un retroceso para el estado.

En rueda de prensa, los integrantes de la Asamblea de Pueblos y de diversas comunidades de origen indígena anunciaron que impugnarán las adecuaciones que en materia electoral validó un grupo de 15 legisladores, por considerar que fue hecha “a modo” y significa un acto más de discriminación, ya que los legisladores no se basaron en los resultados de la consulta indígena que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con base en los derechos político-electorales reconocidos en el pasado proceso electoral a favor de las comunidades indígenas.

Expusieron que están a la espera de que el Poder Ejecutivo publique en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el dictamen aprobado el 16 de mayo por el Pleno Legislativo, a fin de que puedan proceder ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

"Si la población indígena representa la cuarta parte de la población total del estado de Morelos, tenemos derecho a la cuarta parte de las diputaciones. Si son 20, debemos contar con cinco diputaciones indígenas. Lo aprobado reduce a tres. No hay progresividad", manifestó Saúl Roque González, representante de las comunidades.

Además, expuso que de acuerdo con los resultados de la consulta realizada en las comunidades indígenas se acordó que será mediante asamblea como se autorice o acredite la autoadscripción calificada, para que se pueda validar una candidatura de los pueblos.

En este contexto, señalaron que la reforma electoral del G-15 busca que los actuales legisladores puedan reelegirse a pesar de no estar reconocidos por las comunidades.

No obstante, señalaron que existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo no publique la citada reforma, por lo que también procederán legalmente, a fin de que se cumpla con lo mandatado por el Tribunal Electoral federal, en cuanto a la reglamentación de los derechos electorales de las comunidades indígenas.