Continúan las denuncias por la protección a despachos de abogados involucrados en el “cartel inmobiliario”, tras trascender que dentro de una nómina secreta en la Fiscalía General del Estado (FGE) se daba protección al despacho de Jaime Castera para realizar despojos de propiedades en Cuernavaca. Lo anterior fue señalado por el jurista Marco Fabián Cruz, de la Asociación Abogados Contra la Corrupción.

En unas declaraciones afuera de la fiscalía, el jurista señaló que durante una reunión sostenida con el nuevo Fiscal General, Édgar Maldonado, para dar inicio a una investigación sobre el caso, refirió que existen ya varias denuncias sobre el tema del despojo de inmuebles en Cuernavaca a través del Poder Judicial del Estado. Recordó que como fue denunciado por el portal "Morelos Post", hay una complicidad entre el magistrado Jaime Moreno Toscano y el despacho de su padre.

Al respecto, el abogado dijo "que se deben investigar a fondo estos temas, pues no sólo han dañado a familias por el despojo de sus propiedades, si no se daña a todos los morelenses, quienes están cansados de la corrupción".

En este sentido, señaló que Jaime Castera Toscano llegó en una decisión polémica como magistrado, “donde según los rumores, se pagó más de cinco millones de pesos por el cargo de magistrados”.

En ese sentido, también indicó que la compra de cargos en el interior del Poder Judicial también alcanzó a la titular del Juzgado Tercero en Cuernavaca, Gabriela Rogel, ligada directamente con el magistrado Castera Moreno, por ser quien directamente lleva sus asuntos en el interior del Tribunal de Justicia.

"Se han apoderado del Poder Judicial, ellos, a través del despacho del padre del magistrado, llevan asuntos de despojo de propiedades y es ahí en el juzgado tercero donde la licenciada Ana Gabriela Rogel dicta los acuerdos y sentencias a favor de ellos, y si la gente se va a una segunda instancia es donde el magistrado Jaime Castera Moreno interviene y confirma lo que la jueza dicta".

Finalmente, el abogado dijo que durante la reunión con el Fiscal General, Édgar Maldonado, se entregó una carpeta con todos los datos y casos registrados, y ésta misma será presentada por una comisión de víctimas ante el Senado de la República, con el fin de que no quede impune ningún funcionario que está involucrado, acotó.

La jueza Ana Gabriela Rogel.