Lo anterior, luego de que integrantes de la Comisión de Derechos Humanos “Digna Ochoa” pidieron la intervención del Congreso local en el conflicto, ya que elementos de seguridad cercaron prácticamente el poblado.

El legislador perredista Jordi Messeguer Gally aseguró que un grupo de personas que no pertenecen a Huexca, pretenden “encender los ánimos” para evitar que se lleve a cabo el proyecto, sin embargo aseveró que el gobierno del estado ha mantenido el diálogo en todo momento.

“La presencia policiaca es para garantizar la seguridad de todos y de todas, de los contratistas, comisión federal y de los propios habitantes que podrían ser mal influenciados y podrían estar en peligro. Las policías los resguardan a ellos, no intimida a nadie. No va ser el sello, a 20 días de haber iniciado, no va ser el sello del gobierno la represión”, aseveró.

Aseguró que el gobierno del Estado siempre ha estado abierto al diálogo, a pesar de que el grupo opositor convocó a un encuentro con el mandatario estatal para atender el tema, cuando especialistas confirmaron de los daños que podría causar la termoeléctrica a los pobladores.

“Ha habido diálogo con todos, todos han sido recibidos. Es cierto y seguimos insistiendo en que hay grupos ajenos que se niegan a dialogar y que están utilizando el grupo de Huexca como rehén, pero el pueblo de Huexca está consciente de la necesidad y de la importancia”, declaró Messeguer Gally.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno Juan Ángel Flores Bustamante, dijo que de ser necesario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo una consulta (plebiscito), a fin de evitar un conflicto entre la población.

Por su parte, el priista Matías Nazario, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, llamó al gobierno del estado a evitar el uso de la fuerza pública para imponer un proyecto.

Aseveró que los diputados del PRI se opondrán a la obra en Huexca, si el gobierno de Graco Ramírez no antepone el diálogo, antes que las presiones policiacas.

Más conflictos en municipios

Regidores de Ayala protestaron ayer, en la sesión ordinaria del Congreso local para exigir se inicie una investigación al ayuntamiento, pues denunciaron al presidente municipal suplente, Francisco Calleja Castro, de diversas irregularidades, como desvíos de recursos y tolerar la presencia de “aviadores”.

Los funcionarios municipales afirmaron que la actual alcaldesa se deja influenciar aún por el ex edil Isaac Pimentel Rivas, actual diputado local, ya que dejó una nómina “inflada”, a fin de que personas allegadas a él sigan cobrando.