El presidente de este órgano legislativo, Mario Arizmendi Santaolaya, afirmó que no se atenderán intereses de partido, sino las solicitudes que planteen los gobiernos municipales y a si estos cumplen con requisitos que marca la ley.

El diputado panista reconoció que del año pasado a la fecha sólo se han dictaminado tres peticiones de ayuntamientos para contratar deuda pública y se trata de Tlaltizapán, que fue aprobada el año pasado; de Coatlán del Río y Tetecala, estas dos últimas estancadas a causa de diferencias partidistas.

Dijo que este poco avance se debe a que como integrantes de la Comisión de Hacienda, están a la espera de que haya coincidencias en la mayoría de las fuerzas políticas para avanzar en el rescate financiero, además insistió en que la mayoría de los municipios siguen sin cumplir con todos los requisitos que determina la ley.

No obstante, Arizmendi Santaolaya aseguró que la comisión que preside no será obstáculo para apoyar a los municipios a salir de los problemas financieros que enfrentan, a pesar de las diferencias que haya entre uno y otro grupo parlamentario.

"Nosotros somos respetuosos de las determinación del grupo parlamentario del PRI, pero en todo momento respetaremos también las decisiones de los presidentes municipales y lo que ellos crean y soliciten, es el caso de Cuernavaca, que no tenemos una respuesta clara de si llegará haber una modificación por parte del presidente municipal", declaró.

Por lo pronto, dijo que mientras no haya definición clara por parte de los ayuntamientos, la Comisión de Hacienda no dictaminará en base a intereses partidistas.

Es que además del caso de Cuernavaca que no ha modificado su propuesta inicial de refinanciar 860 millones de pesos y no 755 millones, como anunció el PRI. Está también el municipio de Coatlán del Río que ha pedido modificar su propuesta inicial de contratación de crédito de 20 a 13 millones de pesos.

Cabe recordar que la postura que han manifestado los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, es sacar adelante el rescate financiero a los municipios antes de que concluya el mes de marzo.