En conferencia de prensa, las y los inconformes exigieron que las autoridades correspondientes aplique las sanciones que correspondan, por la trasgresión de la ley, y reclamaron al alcalde Manuel Tablas Pimentel que cese la campaña y postura homofóbica que ha emprendido.
Detallaron que el viernes pasado el alcalde dio una conferencia de prensa en la que rechazaba mantener una actitud homofóbica y de discriminación.
En respuesta, este lunes, aseveraron que en este movimiento "no hay acarreados, ni manipulados", y advirtieron que continuarán por la vía legal y de la movilización reclamando sus derechos.
Isidro Añorve Sánchez recordó que una pareja promovió un juicio de amparo contra el Registro Civil de Ayala, ya que se negó a celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Detalló que el 13 de marzo de este año, el Juzgado Séptimo de Distrito dicto la resolución correspondiente, en la que la justicia federal ampara y protege a la parte quejosa y el juzgado notificó al Registro Civil de Ayala con fecha del 20 de marzo.
Con copias de documentos en mano, expuso que el 25 de marzo, el grupo denominado "Unidos por la Familia Ayalense" presentó un escrito solicitando información sobre el matrimonio igualitario y como respuesta la oficial del registro, licenciada Adelaida Marcelino Marcelino, contesta con el oficio número Ofiregcivilayala/056/31 de marzo del 2014, en el cual les da copia de la sentencia del juzgado. "De esta manera viola lo establecido en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del estado de Morelos, en su artículo 51 inciso 4: "Cuando se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria, con excepción de los casos en los que sea inexcusable la protección de derecho de habeas data, previsto por la ley".
Además, apuntaron que utilizando esa información, el referido grupo identificado como religioso, promovió un recurso contra la primera sentencia. Confiaron en que el Juzgado Colegiado de Circuito ratifique la resolución, al recordar que ya hay jurisprudencia por el reconocimiento a este derecho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Consideraron que lo único que estarían buscando es dilatar o retrasar el cumplimiento judicial.
Advirtieron que el presidente municipal es el responsable político, administrativo y jurídico del ayuntamiento, como lo establece la Ley Orgánica Municipal y por tanto lo culparon de las faltas en que hubiera incurrido la oficial del Registro Civil.
René Bello González, coordinador de Tribus Urbanas, destacó que en los municipios de Cuernavaca y Xochitepec, donde se han dado casos de procesos jurídicos por el matrimonio igualitario, ya hubo alguna respuesta, pero en Ayala, insistió, el alcalde mandó a la Policía Municipal cuando en días pasados realizaron una manifestación para reclamar su derecho al matrimonio. "Nos mandó a la policía con el argumento de que necesitábamos un permiso para manifestarnos, entonces le decimos claro que tenemos derechos que los vamos a exigir por la vía legal o por la protesta", agregó.
