En el caso de Jojutla se trató de un laudo a favor del ex trabajador Héctor Maldonado Hernández, quien se vio favorecido con una sentencia por 324 mil pesos. La alcaldesa Hortencia Figueroa no cumplió con dicho pago por supuesta falta de recursos.
En tanto que en el caso del edil Marcos Aragón Reyes de Jonacatepec no cumplió con el pago de 660 mil pesos, por un laudo ejecutorio desde el 27 de noviembre de 2009 a favor del ex trabajador Francisco Javier Munive Guerrero.
Sin embargo, una vez más el Poder Legislativo se declaró incompetente para revisar e iniciar juicio de procedencia en contra de Hortencia Figueroa y Marcos Aragón Reyes.
En la exposición de motivos, el Congreso local reitera que es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el facultado para proceder en contra de los ediles, según lo que marca la Ley del Servicio Civil.
Por lo anterior, determinó devolver los procesos al tribunal y dejar sin resolver un castigo para los presidentes municipales incumplidos.
Buscan proteger a alcaldes por laudos
En tanto, diputados buscarán desahogar en este mismo periodo la iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Civil en su artículo 124, a fin de "salvar" a los presidentes municipales de un juicio de procedencia para quitarlos de su encargo por asuntos administrativos, como es el incumplimiento de laudos.
Juan Ángel Flores Bustamante, impulsor de la iniciativa, dijo que la intención es evitar que los ediles vayan a la cárcel por asuntos de los cuales no fueron responsables. Es que dijo muchos de los laudos que deben cumplir, fueron heredados por administraciones pasadas.
También plantea en su iniciativa agregar un artículo 2 Bis que prevé que cuando exista litis laboral entre el trabajador y uno de los poderes públicos, municipios u otras entidades públicas, "el Gobierno del estado y los ayuntamientos se reservaran el derecho de contratar al trabajador para desempeñar cualquier otra función pública, mientras su situación laboral esté en litigio”.
El pago de laudos, según la propuesta del diputado perredista, se dará en base a la suficiencia presupuestal de los ayuntamientos.