Con pancartas a favor de la unión gay, los inconformes señalaron como responsables de obstruir sus derechos a los legisladores Lucía Meza Guzmán, Manuel Agüero Tovar, Héctor Salazar Porcayo, Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Gilberto Villegas y Erika Hernández Gordillo.
Afirmaron que los diputados, principalmente de izquierda, han manejado un doble discurso al impulsar estas iniciativas de avanzada, ya que el iniciador de la propuesta fue Jordi Messeguer Gally, mientras que mantienen en la "congeladora" las propuestas de reforma a la Constitución local y al Código Familiar.
Refirieron que la Ley Orgánica del Congreso local señala como máximo 60 días para atender las iniciativas, dictaminarlas y someterlas a votación del pleno, sin embargo, la legalización del matrimonio igualitario fue impulsada desde hace 20 meses.
"No es justo que personas del mismo sexo tengamos que pagar y que agotar un procedimiento, perder tiempo, dinero, cuando una pareja heterosexual lo puede hacer… Es una omisión flagrante, es una discriminación porque hay temas de la Constitución que han salido muy rápido. Temas como los créditos, que también hay cosas que lo que les interesa sale rápido y se le da trámite", manifestó Violeta Sánchez Luna, coordinadora de la Marcha de la Diversidad Sexual en Morelos.
Según integrantes de la comunidad lésbico-gay, para poder contraer matrimonio en Morelos, las parejas homosexuales deben gastar aproximadamente 50 mil pesos, debido a los gastos jurídicos para impulsar un amparo que obligue a las autoridades civiles morelenses a llevar a cabo la unión.
Responden diputados ante solicitud
Ante esta solicitud de juicio político en contra de diputados locales, la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación rechazó que haya una intención de retrasar la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario.
Mediante un comunicado de prensa, se afirma que la iniciativa se dictaminó desde el año pasado en sentido positivo; sin embargo, la falta de condiciones políticas ha impedido que se pueda someter a votación del pleno.
"Que en ningún momento el citado cuerpo colegiado de diputados ha incurrido en actos tendientes a la discriminación que atenten en contra de los intereses públicos fundamentales, y mucho menos ha intentado bloquear la discusión de este tema que cuenta con la suficiente jurisprudencia", señala el comunicado.
No obstante, por parte de la comisión referida, se garantizó que se trata de un tema de la agenda legislativa para este último año de trabajos, por lo que se pretende atender en los siguientes meses.
