Lo anterior, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al Congreso del Estado dejar sin efectos el acuerdo antes referido, pues al atender al recurso promovido por el diputado Manuel Martínez respecto a la violación a sus derechos políticos, este órgano de justicia determinó que el Poder Legislativo no está facultado para iniciar juicios de procedencia en contra de los diputados por delitos del orden común.

Según la interpretación del órgano de justicia, los legisladores cuentan sólo con protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir con fuero federal, por lo que no habría necesidad de proceder en su contra si los delitos que les ha señalado la Fiscalía General de Justicia son comunes.

La reunión de la Junta Política y de Gobierno no fue confirmada de manera oficial, sin embargo se ha informado que el principal punto es dejar sin efectos la determinación de iniciar juicio político a los diputados antes referidos, y con esto se responde a la solicitud de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que puede proceder en su contra ya que para delitos del orden común no tienen fuero.

Es que hay que recordar que Manuel Martínez Garrigós fue acusado por la Fiscalía del delito de peculado agravado, mientras que Alfonso Miranda por el delito de amenazas y ultrajes a la autoridad.

Fue en noviembre del año pasado, cuando coordinadores parlamentarios determinaron el juicio de procedencia en contra de ambos legisladores, proceso que no ha podido avanzar por supuestas complicaciones para notificar a los diputados.

De igual forma, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno definirán a la única propuesta que impulsarán en el pleno del Congreso del Estado para el próximo miércoles, para designar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

Según informó la presidenta de la Mesa Directiva, Lucía Meza Guzmán, existen por lo menos cinco solicitudes para titulares del nuevo órgano auditor, mismas que serán tomadas en cuenta por la JPyG para impulsar la propuesta que se habrá de votar en la próxima sesión ordinaria.

De esta forma, la designación del nuevo auditor sería prácticamente por consensos políticos y solamente se ratificaría en el pleno.