Recordó que de acuerdo al artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades del Estado de Morelos, aprobada desde el año 2007, si la conducta de los servidores públicos deriva en responsabilidad civil, patrimonial o penal, se sancionará como tal, independientemente de la responsabilidad política y administrativa que hubieren incurrido; “pero hasta el momento esto no ocurre”.

Eduardo Galaz explicó que las violaciones a las leyes son evidentes, y como ejemplo señaló la nula aplicación de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad de Morelos, en la cual se establece en su artículo 11 que tienen derecho a atención médica, rehabilitación, un empleo digno y remunerado. Así como adaptación de los servicios, tener acceso y libre desplazamiento en los lugares públicos, “de lo cual, nada de esto existe en la capital ni en el estado”.

Puntualizó que en otras entidades como Puebla, existen mecanismos como guías en el piso y letreros en Braille para personas con discapacidad visual.

"A pesar de que se viola la Ley de Discapacidad no hay ningún funcionario sancionado por no aplicarla y las más afectadas son todas aquellas personas discapacitadas que tienen que quedarse en casa sin poder salir por falta de infraestructura o condiciones para desplazarse libremente", sostuvo el candidato.

Por ello, Eduardo Galaz consideró que las dependencias que realizan acciones punitivas contra servidores públicos como la Secretaría de la Contraloría, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y el Consejo de la Judicatura, tienen que ser organismos fuera del alcance de los políticos, para que se puedan aplicar sanciones a quienes incumplan con la ley.