La diputada local, quien logró los consensos para que la Junta Política y de Gobierno dictaminara a favor de la no ratificación de la magistrada María Idalia Franco Zavaleta, ahora busca que ese puesto, que quedará acéfalo el próximo 17 de julio, sea ocupado por su colaborador.

Así lo logró en la integración de la recién creada Entidad de Auditoría y Fiscalización, cuando colocó como titular a Vicente Loredo Méndez, quien a su vez ha designado a gente cercana para la composición de este órgano auditor.

Incluso, previo a la convocatoria emitida por la Junta Política y de Gobierno para la elección de magistrados del TSJ, Abraham Romo Pérez ya había renunciado a su cargo en el Congreso del estado. Así lo hizo también Roque González Cerezo, ex secretario de Servicios Legislativos hasta el 28 de abril pasado.

Fue hace dos semanas cuando el asesor de Lucía Meza Guzmán se registró en la convocatoria junto con 30 abogados más, incluido también González Cerezo, de los cuales dos fueron eliminados por no haber cumplido con los requisitos de ley.

El pasado viernes, Romo Pérez compareció ante los coordinadores parlamentarios y expuso los motivos por los que pretende ser magistrado del TSJ, lo hizo también frente a Lucía Meza Guzmán, pese a que ella no es integrante de la Junta Política y de Gobierno.

Al cuestionar a la diputada perredista del registro de dos ex funcionarios del Congreso local, incluido Romo Pérez, aseveró que será el Pleno del Congreso del estado el que tomará la última determinación, pese a que la Junta Política y de Gobierno es el órgano que se encargará de crear las ternas para elegir a los dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que ocuparán los cargos de María Idalia Franco y Ángel Garduño González.

No es la primera vez que la legisladora perredista impone sus decisiones a los de la mayoría de diputados, pues en la designación del titular de la Auditoría también logró colocar Vicente Loredo, persona también allegada.

Meza Guzmán es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, y durante sus dos primeros años de gestión como diputada generó un rezago histórico del 70 por ciento, que ha tratado de abatir en los últimos meses, sin embargo, se ha dicho que dejará trabajo legislativo pendiente hasta en un 30 por ciento de las iniciativas presentadas por los actuales diputados a la siguiente legislatura.