El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Javier Bolaños Aguilar, informó que exigirá al Poder Ejecutivo una aclaración sobre la designación ilegal de algunos de los integrantes del gabinete estatal, mismos que podrían derivar en responsabilidad administrativa.

Lo anterior, luego de que La Unión de Morelos dio a conocer que tres integrantes del gabinete del gobierno del estado no cumplieron con el requisito constitucional de contar con una residencia de tres años en Morelos para ser secretario de despacho. En este caso, se trata de la secretaria ejecutiva de la gubernatura Elizabeth Anaya Lazurtegui; la de Cultura, Cristina Faesler Bremer, y la coordinadora de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas, Tiahoga Ruge Sheffer.

El coordinador de la bancada panista dijo que esta determinación del gobernador, de imponer a funcionarios aun y cuando no cumplan con la Constitución Política del Estado de Morelos, no sólo debe ser reconsiderada, sino que se tiene que iniciar un proceso legal para deslindar responsabilidades, pues dijo que las consecuencias legales pueden ser mucho más graves.

"De ser así y de comprobarse que así es, ya estaría en predicamento las acciones, las decisiones y hasta las firmas que hayan hecho en el cumplimiento de su encargo. Eso es muy delicado, lo vamos a revisar con puntualidad, pero evidentemente es un tema que va a dar mucho de qué hablar", manifestó el diputado.

Por lo pronto, dijo que como presidente de la Junta Política y de Gobierno exigirá que se corrija esta falta a la Constitución, pues dijo que no se puede mantener en el cargo a funcionarias que no contaban con residencia en el estado antes de ser designadas.

Por su parte, el diputado Carlos de la Rosa Segura lamentó que este tipo de violaciones constitucionales sean recurrentes en el gobierno del estado, incluso dijo que en su momento presionó al Congreso local para aprobar reformas "a la medida" y poder designar al fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado y al comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella Ibarra.

En estos casos, dijo que también deberá evaluarse el desempeño de las funcionarias, pues además de la residencia, se tiene que demostrar el trabajo en cada una de las dependencias.